El concepto de espacio híbrido tiene su origen en la geografía política crítica y se encuentra relacionado con los límites de la soberanía territorial como principio organizativo de la política internacional. La crítica principal que realiza Agnew se basa en lo que él denomina “trampa territorial”, la concepción de la soberanía estatal asociada a un territorio fijo y delimitado no considera las formas de autoridad múltiples y superpuestas que constituyen el espacio político (Agnew, 1994). En esta misma línea, Massey (2005) propone entender el espacio como un producto de relaciones en construcción permanente: nunca terminado, nunca cerrado.

Agnew desarrolló con posterioridad una tipología de regímenes soberanos en los que el control territorial coexistía —y era con frecuencia socavado por— expresiones funcionales de poder interconectado que operaban más allá de las fronteras estatales (Agnew, 2005). Kitchin y Dodge (2011) añaden que los espacios de relevancia estratégica contemporánea se caracterizan por la superposición de lógicas heterogéneas que no pueden jerarquizarse.

El Ártico se presenta como un ejemplo claro de ello. El derecho internacional otorga jurisdicción sobre la región a ocho Estados. No obstante, el espacio excede esa jurisdicción en aspectos estratégicos y decisivos. El Tratado de Svalbard del año 1920, confiere a Noruega soberanía sobre el archipiélago homónimo, pero de manera simultánea, también garantiza el derecho a los Estados signatarios a desarrollar actividades comerciales y científicas allí. Esto supone una ambigüedad estructural que nunca ha sido resuelta por completo y que ha cobrado una mayor importancia a medida que la región ha ido adquiriendo valor estratégico.

De manera más amplia, el océano Ártico continúa gobernado por un marco legal incompleto y en disputa en el que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés) constituye la arquitectura formal, pero no resuelve cuestiones críticas como las reclamaciones territoriales relacionadas con la delimitación de las plataformas continentales, la soberanía sobre los recursos o el derecho de tránsito marítimo (Byers, 2013).

El hecho de definir al Ártico como espacio híbrido, no se trata de una condición transitoria que espera resolverse a través de la soberanía o la apertura plena. Es un elemento estructural que produce su propia lógica. En la imagen que aparece a continuación (imagen 1) se recogen las distintas dimensiones que operan de manera simultánea en el Ártico, ninguna de las cuales puede comprenderse de forma aislada. En ellas, se incluyen cuestiones como jurisdicciones superpuestas, reclamaciones territoriales, presencia de actores no estatales —comunidades indígenas, instituciones científicas o corporaciones multilaterales—o relacionadas con el clima –el Ártico también es un nodo climático-energético de conexiones atmosféricas (Lindgren y Kjellström, 2024)–. Todas ellas, generan un espacio en el que la autoridad se negocia permanentemente porque no se encuentra establecida. Esto no implica desorden, más bien, apunta a una forma específica de orden en el que las reglas están implícitas y producen un tipo de equilibrio ambivalente que será tratado en un apartado posterior.

Si el espacio híbrido se alza como condición estructural del Ártico, el concepto de flujos de poder describe lo que sucede en él y por qué es relevante. En este contexto adquieren especial relevancia las tesis de Castells, que describen una sociedad conectada en la que el poder no reside en los territorios, sino en los flujos que los conectan y los atraviesan (Castells, 1996).

El “espacio de flujos” en el enfoque de Castells se presenta como la organización material de prácticas sociales compartidas que se materializan a través de estos flujos de capital, información, tecnología o personas (Castells, 1996: 412). Aplicado al Ártico, este marco permite establecer que el poder de la geografía va más allá del análisis territorial convencional y toma en consideración otros elementos que a priori son invisibles y, por ende, pasan más desapercibidos.

La región funciona como un nodo estratégico, puesto que en ella convergen flujos críticos para la seguridad internacional. A nivel militar, las aguas árticas constituyen el corredor principal para los submarinos nucleares de la OTAN y de las fuerzas navales rusas. Además, el litoral ártico también se sitúa en la trayectoria de los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de las mayores potencias nucleares.

Por estas aguas también transcurren los cables submarinos de fibra óptica que conectan América del Norte, Europa y Asia y que posibilitan la circulación de una cantidad sustancial del tráfico de internet global, así como de transacciones financieras esenciales. Un ejemplo de ello es el Sistema de cable de Svalbard, que será analizado con mayor detenimiento en el cuarto apartado.

Asimismo, la utilización de la Ruta Marítima del Norte y la Ruta Transpolar reduciría significativamente los tiempos de tránsito entre los mercados asiáticos y europeos, lo que tendría un impacto directo en el ámbito comercial; aunque su navegabilidad depende aún de la capa de hielo y sigue siendo objeto de disputa (Humrich, 2013).

En este punto, las tesis de Larkin sobre las infraestructuras complementan lo que sostiene Castells acerca de los flujos de poder. De este modo, las infraestructuras, por su carácter estructurante, tienden a volverse invisibles hasta que su interrupción produce disrupciones en el sistema o se convierten en objeto de disputa (Larkin, 2013). Cowen (2014) extiende esta lógica y argumenta que el poder infraestructural es una forma de poder que la geopolítica clásica no puede capturar.

Este artículo introduce el concepto de equilibrio ambivalente a través de una la paradoja. Los mismos flujos que generan interdependencia, también generan vulnerabilidad. Esto, a su vez, provoca una tensión en el sistema que no se resuelve y tiende a permanecer de forma subyacente. En este punto se ha de matizar que no se trata de ambivalencia entendida como incertidumbre o indecisión, ni de la ambigüedad estratégica deliberada que caracteriza a muchos actores en el panorama internacional. La ambivalencia se trata de un elemento constitutivo del propio espacio, un equilibrio que deriva de la interacción de las dinámicas que se producen en las distintas dimensiones del Ártico.

Las referencias teóricas que sirven como base para el desarrollo de este concepto, se encuentran dispersas en varias tradiciones. En el ámbito de las relaciones internacionales, la corriente neoliberalista –desarrollada por Keohane y Nye– menciona la “interdependencia compleja”. Este término subraya el hecho de que la dependencia entre Estados genera al mismo tiempo dinámicas de naturaleza cooperativa y competitiva entre ellos y que estas dinámicas no responden a lógicas de suma cero, sino que se alzan como una condición estructural del sistema (Keohane y Nye, 1977).

En los ámbitos científico y tecnológico, se hace posible identificar el concepto de “puntos de paso obligados”, que contribuye a explicar de una manera más clara cómo se influyen de mutuamente la interdependencia y la vulnerabilidad (Callon, 1984).

Desde el campo de los estudios críticos de seguridad, Buzan, Wæver y de Wilde aportan el concepto de “securitización”, que trata de explicar que un objeto puede ser considerado simultáneamente como recurso, bien o amenaza, en función del actor que lo aprecia y del contexto determinado que lo rodea (Buzan et al., 1998).

En el ártico, el equilibro ambivalente se produce en todas las dimensiones mencionadas: los cables submarinos que hacen posible la comunicación global representan también un punto crítico de seguridad; las rutas marítimas que facilitan el comercio suponen al mismo tiempo nuevas vías para la proyección naval; y la cooperación científica que ha caracterizado históricamente la gobernanza ártica, genera también inteligencia y conocimiento de doble uso. Todas ellas, no son paradojas que se han de resolver, sino elementos constitutivos de la lógica inherente al propio espacio. En esta línea, Baev (2018) ya identificó la ambivalencia rusa en la región como característica de su política. Lo que hace este artículo es elevar esta característica a categoría descriptiva del conjunto del sistema ártico.

No obstante, para que este concepto pueda ser utilizado para el análisis, y no solo como una descripción de cualquier situación de naturaleza ambigua, se identifican una serie de indicadores observables que se recogen en la siguiente tabla (tabla 1).

El caso de Groenlandia ilustra con claridad esta lógica de equilibrio ambivalente. El interés de la administración Trump por la isla ha provocado un aumento de la presión en la región y ha obligado a algunos actores a tomar una posición más firme al respecto. Dinamarca ha respondido aumentando su presencia en la isla y reforzó su discurso en torno a la soberanía de la isla. Pese a la creciente tensión entre los socios de la Alianza, la OTAN ha preservado su unidad formal. Este es un ejemplo de cómo el sistema ha absorbido –al menos momentáneamente– la presión redistribuyendo sus efectos. Este hecho no implica que el equilibrio vaya a ser permanente, pero sí que su estabilidad es mayor de lo que sugiere la retórica confrontativa. En este tipo de contextos, el modelo pretende distinguir entre las tensiones que el sistema puede manejar y las tensiones que lo desestabilizan por completo y pueden llegar a hacerlo colapsar.

En todo caso, el espacio híbrido, los flujos de poder y el equilibrio ambivalente no son variables independientes; sino dimensiones que constituyen de forma simultánea un único sistema analítico. El espacio híbrido establece la condición estructural en la que la autoridad se negocia permanentemente; los flujos de poder identifican qué está en juego en esa negociación y por qué es tan relevante y el equilibrio ambivalente describe las dinámicas resultantes, la lógica del sistema. Es este sistema —y no sus variables aisladas— el que se aplica en las siguientes secciones para analizar las dimensiones empíricas y de política del poder en el Ártico.

La información sobre el Ártico no es un producto científico neutro, es una forma de poder. Es Foucault (1980) el que sitúa el conocimiento en el centro de las relaciones de poder. Quien define el Ártico —sus límites, sus riesgos, sus recursos, su futuro— ejerce una forma de control que precede y condiciona a cualquier otra forma. De este modo, lo que este artículo entiende por poder epistémico es la capacidad de producir conocimiento acerca de un espacio y utilizar ese mismo conocimiento para construir los términos para gobernarlo.

El Ártico ha sido históricamente definido por actores externos —del ámbito científico, militar o intergubernamental— como una fuente de recursos, un escenario de seguridad, un laboratorio climático o un vacío legal esperando a ser resuelto. Los pueblos indígenas —los inuit, los sami o los nenets, entre otros— han habitado durante siglos la región y, sin embargo, su conocimiento sobre ella permanece relegado en el marco de una gobernanza ártica que determina su propio futuro (Shadian, 2014). Esto no es un simple descuido; es una muestra de cómo funciona el poder epistémico.

Doel et al. (2014) han estudiado cómo, desde la Guerra Fría, la información obtenida mediante expediciones científicas se ha utilizado como base para las reclamaciones territoriales. La infraestructura científica refuerza esta dinámica. Las instalaciones de investigación utilizadas por Estados Unidos, Rusia, Noruega y, de manera creciente, por China no solo funcionan como sistema de recolección de datos, sino como vías para penetrar en la región y como instrumentos para la producción de información y su aplicación estratégica. Como ejemplo de esto, es posible señalar el establecimiento por parte de China de la Estación del Río Amarillo en Svalbard en 2004 y sus posteriores inversiones centradas en desarrollo de sus capacidades de investigación en la región (Lanteigne, 2020). El caso de la pugna por el yacimiento Kvanefjeld, en Groenlandia, ilustra también este punto: no solo se trata de obtener sus recursos, sino de controlar la información acerca de lo que contiene la isla (Schwartz y Baskaran, 2026).

Tras la invasión de Ucrania en el año 2022, se ha producido una interrupción en el patrón de cooperación geográfica que había prevalecido hasta ese momento y, actualmente, no es posible obtener datos de alrededor del 50% del territorio ártico —bajo jurisdicción rusa—. De este modo, la verdad geofísica del Ártico se ha convertido en un campo de batalla estratégico.

Más allá de las infraestructuras visibles, en el Ártico aquellas que son invisibles adquieren una especial relevancia. Starosielski (2015) afirma que la red de cables submarinos mundiales no es una infraestructura neutral, sino un sistema cuya geografía reproduce y amplifica las asimetrías de poder globales. Una red compuesta por más de 500 cables que son responsables de transportar, aproximadamente, el 99% del tráfico mundial de datos (Mauldin, 2023). En concreto, los cables submarinos que atraviesa el Ártico ofrecen la ruta más corta entre Europa y Asia, con diferencias de latencia de entre 30 a 40 milisegundos respecto a rutas alternativas. Esto implica una disminución notable en el tiempo que tarda la información de viajar de un punto a otro y esta diferencia resulta decisiva para los sistemas de comunicación, operaciones militares en tiempo real, transacciones financieras, o sistemas de alerta temprana. Por todo ello, la red de cables submarinos es cada vez más extensa en aguas árticas, lo que aumenta exponencialmente el valor estratégico de estas aguas. Estos cables que se presentan como la columna vertebral de sistemas críticos globales, son, al mismo tiempo, uno de los puntos más vulnerables de la arquitectura del sistema de seguridad internacional. Se encuentran ampliamente desprotegidos y una interrupción en su funcionamiento podría causar un fallo en casada de sistemas de comunicación, militares o financieros.

Proyectos como el ROTACS ruso, el Arctic Fibre canadiense o el Polar Express no se enfocan exclusivamente en el ámbito de las telecomunicaciones, sino que se presentan como iniciativas para controlar el tráfico de datos que circula a través del Ártico. El patrón de interrupciones en el funcionamiento de los cables árticos y bálticos desde 2021 (tabla 2) muestra de manera sistemática esa doble vertiente: su elevado valor estratégico y su vulnerabilidad –que opera por debajo del umbral del conflicto explícito–. No es casual que todos estos incidentes se caractericen por la ausencia de una atribución clara, la ambigüedad es parte del sistema.

La base Pituffik –anteriormente, Thule–, que se encuentra situada en el noreste de Groenlandia, es un buen ejemplo de todo esto; pues en ella convergen todas estas cuestiones relacionadas con las infraestructuras. Se localiza a lo largo del corredor GIUK y es el punto de monitorización más septentrional del sistema de alerta temprana de Estados Unidos en el Ártico. Su valor estratégico aumenta a medida que la región se hace más accesible –el tráfico marítimo ha aumentado en torno a un 37% en la última década (PAME, 2025)–. Todo ello, ayuda a comprender el interés de Trump en Groenlandia, que no radica tanto en sus recursos naturales, como en el control de la infraestructura invisible.

Asimismo, resulta vital la infraestructura relacionada con los satélites. La trayectoria de los satélites de órbita baja que atraviesan el Ártico también permite reducir la latencia de los sistemas de comunicación civiles y militares. Además, el Ártico se alza como un punto fundamental para la flota de submarinos nucleares de la OTAN y de Rusia, que lo utilizan como escenario operativo. La capa de hielo genera un entorno que les permite ocultarse y que resulta crucial para la capacidad de respuesta. Cualquier alteración significativa de este entorno —ya sea por medios tecnológicos o naturales—, tendría implicaciones directas en la disuasión nuclear.

Por último, cabe destacar la relevancia de las instalaciones científicas —ya mencionadas en el apartado relativo al poder epistemológico—. Bases de investigación, sistemas de monitorización o acuerdos para el intercambio de datos, configuran una infraestructura de conocimiento que de verse interrumpida —ya sea por exclusión política, sabotaje o desinformación deliberada— socavaría la gobernanza en la región.

Lo que comparten todas ellas es lo que Larkin resalta: son fundamentales, en gran medida invisibles, y su importancia solo se percibe cuando fallan. El cable de Svalbard, seleccionado como estudio de caso en este artículo, es un ejemplo claro de esta cuestión.

El ártico no es tan solo un espacio donde las tensiones del orden internacional se reproducen, sino que se trata de un espacio donde esas tensiones se producen de una forma concentrada y anticipatoria. El Ártico funciona como un laboratorio, no porque sea un entorno controlado para experimentar, sino porque es un espacio en el que las dinámicas que definirán el orden internacional durante las próximas décadas ya se encuentran operativas.

Entre las condiciones que posee el Ártico para ser considerado como un laboratorio, cabe señalar la que lo sitúa como el único espacio en el que Estados Unidos, Rusia y China operan sin un marco establecido para gestionar sus interacciones. En este sentido, el Consejo Ártico –el principal foro multilateral para la gobernanza de la región– suspendió la participación rusa en el año 2022, como consecuencia de la invasión de Ucrania. Este hecho puso de manifiesto la fragilidad de este tipo de instituciones de gobernanza cooperativa cuando las dinámicas de competición se intensifican (Humrich, 2013). Esto no demuestra un fallo del multilateralismo cuando este se ve sometido a presión, pero sí señala que no se trata del mecanismo primario de gobernanza en la región. Más allá de la cooperación, la verdadera lógica siempre ha sido la gestión de la ambigüedad.

Por otro lado, el Ártico es uno de los pocos espacios en los que los atores toman decisiones en base a escenarios que no se materializarán hasta dentro de varias décadas. La aceleración del deshielo –la región se está calentando casi cuatro veces más rápido que la media global– implica reclamaciones territoriales, inversión en infraestructuras y un despliegue militar que está siendo ahora diseñado para una geografía que todavía no existe (IPCC, 2021). Esta dimensión temporal es, desde un punto de vista analítico, profundamente relevante: el Ártico es un espacio donde el futuro ejerce influencia sobre el presente. Las decisiones que se toman bajo condiciones de incertidumbre sobre el entorno físico suponen una forma de comportamiento estratégico que la teoría convencional de la disuasión no puede abordar adecuadamente.

Por último, el Ártico preconfigura desafíos a la gobernanza que podrían definir otros espacios estratégicos en las próximas décadas: el Indo-Pacífico, los fondos marinos, el ciberespacio o el espacio exterior. Cada uno de estos entornos comparte elementos estructurales con el Ártico –ausencia de un marco establecido de soberanía, reclamaciones enfrentadas, la presencia de actores estatales y no estatales y la coexistencia de dinámicas cooperativas y competitivas–. Lo que se negocia hoy en el Ártico, no es solo el futuro de la región, sino lo que podría resultar en un marco para gobernar espacios que van más allá de lo que ahora contempla el derecho internacional. Considerar al Ártico como un laboratorio, implica aprender qué formas de gestión de la ambigüedad estratégica son sostenibles y cuáles no.

El análisis geopolítico clásico del Ártico se enfoca en los ocho Estados árticos y, de manera más reciente, en otros cercanos como China. Esta perspectiva estatocéntrica a menudo ignora un conjunto de actores –tratados en la mayor parte de la literatura como actores periféricos que aspiran a «ganar acceso» (Dodds y Woon, 2020) – que posee una influencia relevante en la región, precisamente porque ellos operan más allá de la soberanía y, por tanto, del análisis convencional.

Los pueblos indígenas constituyen la categoría más ignorada. El Consejo Polar Inuit, que representa aproximadamente a 180.000 inuit de Alaska, Canadá, Groenlandia y Rusia; forma parte del Consejo Ártico como observador permanente –con voz, pero sin voto– (Shadian, 2014). Esta posición refleja un elemento estructural: las comunidades indígenas poseen un conocimiento profundo sobre el territorio, reclamaciones legítimas de autodeterminación, un interés directo en la gobernanza del ártico y, sin embargo, continúan subordinadas a actores estatales que determinan esos marcos. Su exclusión del proceso de toma de decisiones no se trata de una deficiencia técnica, sino de una decisión política que reproduce lógicas coloniales que la región ha enfrentado históricamente (Madueño, 2024).

Las corporaciones o empresas constituyen una segunda categoría. Las compañías mineras que operan en Groenlandia, las navieras que utilizan la Ruta Marítima del Norte y las compañías tecnológicas centradas en la infraestructura de cables submarinos poseen una forma de influencia territorial que excede los marcos convencionales de soberanía. El caso que refleja mejor este punto es el de Shenghe Resources, una compañía vinculada al Estado chino con una participación del 12,5% en el ya mencionado yacimiento de tierras raras de Kvanefjeld. En 2025, la administración estadounidense presionó para bloquear su acceso, pero Shenghe mantuvo su posición. Esta compañía no es un Estado ni es parte de ningún tratado, y sin embargo su presencia obligó a Washington, Copenhague y Pekín a recalcular sus opciones estratégicas (Schwartz y Baskaran, 2026). Es poder sin soberanía en su forma más operacional: un actor privado que condiciona las opciones de quienes sí la tienen.

Las instituciones científicas representan la tercera categoría. El Comité Científico Internacional para la Investigación en el Ártico y sus equivalentes árticos funcionan como actores diplomáticos informales que producen conocimiento de la región –un conocimiento que es utilizado como base para la toma de decisiones políticas–. En este contexto, la cooperación científica ha servido históricamente como un canal de comunicación entre Estados en periodos de tensión política –estableciendo así, una vía alternativa de diplomacia a través de la investigación, ante la imposibilidad de llevar a cabo negociaciones–.

Lo que conecta a estos actores no es su estatus formal, sino su poder funcional: la capacidad de moldear las dinámicas en el Ártico sin poseer, ejercer o reclamar soberanía territorial. Su presencia es uno de los elementos que definen el Ártico como un espacio híbrido y uno de los indicadores más claros de la limitación que supone considerar un único factor o una única dimensión cuando se tratan de comprender las dinámicas de la región.

El caso de Svalbard activa cada una de las cuatro dimensiones desarrolladas en el tercer apartado. El poder epistémico se ve reflejado en la decisión noruega de no atribuir el incidente –pese a las pruebas circunstanciales disponibles–. Este hecho, no respondió a un fallo en la investigación, sino a una decisión política. Atribuir el incidente a Rusia, habría requerido una respuesta –en el marco del Tratado del Svalbard– por parte de Noruega. La decisión de no saber, públicamente, se convirtió en un acto estratégico.

La dimensión relativa a las infraestructuras se alza, precisamente, como el sujeto de de este incidente. El cable era invisible –sumergido, institucionalmente inadvertido y ausente del discurso público– hasta que se produjo el fallo en su funcionamiento. La interrupción de su funcionamiento hizo visible una arquitectura de la que dependen sistemas de comunicación, datos satelitales u operaciones militares.

Además, el caso de Svalbard estableció un precedente –o, para ser más precisos, destacó por no establecerlo–: el desarrollo de una normativa que regule el marco en el que se llevan a cabo las respuestas a los ataques ambiguos contra infraestructuras en espacios estratégicos. La falta de atribución del incidente y la ausencia de una respuesta colectiva por parte de la OTAN generó un antecedente basado en el silencio como mecanismo de respuesta. Lo que el Ártico produjo como laboratorio en este caso, no fue una norma, sino un vacío, la constatación de que una infraestructura crítica en un espacio híbrido puede ser atacada sin que se responda formalmente –siempre que el ataque se mantenga dentro de una zona de ambigüedad constituida–.

Kongsberg Satellite Services, un actor sin soberanía territorial y de naturaleza mixta público-privada, también desempeñó un papel fundamental en este incidente. Kongsberg opera en SvalSat a través de infraestructura que se utiliza para el transporte de datos. Por lo que la vulnerabilidad de este cable era, por tanto y de manera simultánea, un asunto de seguridad nacional para Noruega, un riesgo comercial para Kongsberg y una preocupación estratégica para cada Estado usuario de esta infraestructura. Así es como se comprende que ningún Estado soberano controlara la respuesta al incidente, dado que ningún Estado soberano tenía el control exclusivo sobre la infraestructura.

A través del caso de Svalbard resulta posible identificar los indicadores recogidos en la tabla 1, convirtiéndose de este modo, en un ejemplo sólido disponible para ilustrar el concepto.

En primer lugar, cabe destacar la coexistencia temporal entre los patrones de navegación de las embarcaciones rusas en aguas noruegas sobre las rutas de los cables submarinos y los intentos de Moscú por continuar participando en actividades científicas y comerciales en el marco proporcionado por el Tratado de Svalbard. Esto constituye una muestra de lógicas subyacentes de carácter competitivo y cooperativo desarrolladas por el mismo actor, en el mismo espacio físico y en el mismo espacio temporal.

La ambigüedad se refleja a través de la decisión explícita de Noruega de no atribuir el incidente y de la ausencia de declaraciones por parte de la OTAN, de Rusia o de los otros Estados signatarios del Tratado de Svalbard. Esta ambigüedad no se presenta de una respuesta ante una información incompleta, sino de una postura adoptada por todas las partes por considerarla como la menos costosa estratégicamente.

La competencia en relación con las infraestructuras se encuentra implícita en el propio Tratado de Svalbard. Rusia, precisamente por ser signataria del Tratado, posee acceso a una infraestructura que, al mismo tiempo, podría tener interés en sabotear y el quid de la cuestión radica en que ni Oslo ni Moscú pueden excluir al otro sin destruir la arquitectura de un tratado que, simultáneamente, sirve a sus propios intereses. Por lo tanto, la competencia se desarrolla dentro de una infraestructura compartida que ninguna de las partes puede permitirse abandonar.

El incidente del cable Svalbard resulta relevante no por su impacto –fue deliberadamente poco llamativo–, sino precisamente por esa falta de dramatismo. El equilibro ambivalente no produce crisis, produce silencio como mecanismo de respuesta. La falta de atribución y ese silencio como mecanismo de respuesta suponen una reforma paulatina del entorno estratégico sin la necesidad de acciones explícitas de carácter confrontativo. Esta es la lógica operativa del Ártico como espacio híbrido: no es un escenario de conflicto, sino un espacio en el que el poder se ejerce a través de la explotación sistemática de la ambigüedad y de la ausencia de capacidad total de un actor determinado para responder o resolver las tensiones que surgen. Y esto es precisamente lo otorga valor estratégico al propio espacio.

Los instrumentos existentes que monitorizan la situación del Ártico en la actualidad funcionan de una manera compartimentada, los datos de tráfico marítimo no se cruzan con señales geopolíticas; los análisis de índole político-estratégico no integran datos de infraestructuras y los sistemas de monitorización de cables submarinos son gestionados por compañías privadas que no se encuentran obligadas a difundir la información de manera pública. El resultado de esto es que la capacidad general para detectar patrones complejos e híbridos es prácticamente inexistente a nivel público. En este sentido, se hace necesario un sistema integrado de monitorización que considere las cuatro dimensiones del poder ártico de manera simultánea.

La primera capa de datos estaría enfocada en el control del movimiento y se basaría en el seguimiento de la presencia y del comportamiento de actores de carácter estatal y no estatal en el Ártico –flota militar, pesquera, comercial o de investigación–. Los patrones inusuales en aguas noruegas que tuvieron lugar con anterioridad al incidente del cable de Svalbard eran visibles a través de los datos proporcionados por el Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés), pero estos datos no se analizaron a nivel estratégico.

En la segunda capa se incluiría la información sobre las infraestructuras y un seguimiento sobre su estado y operatividad —cables submarinos, estaciones terrestres satelitales, sensores subacuáticos e instalaciones energéticas—. La monitorización actual se encuentra fragmentada por las jurisdicciones nacionales y por diversas empresas, lo que imposibilita la obtención de una imagen completa.

La tercera capa se correspondería con el control de las señales relativas a los flujos informativos –comunicaciones, emisiones electrónicas y tráfico de datos— que constituyen la dimensión epistémica del poder ártico. Sería la capa más sensible, ya que implica la recolección de inteligencia en un espacio donde los límites entre actividad científica, comercial y militar se encuentra deliberadamente desdibujados.

Por último, la cuarta capa se centraría en el seguimiento de la producción y circulación de conocimiento sobre el Ártico —publicaciones científicas, reclamaciones territoriales, marcos de conocimiento indígena y procesos de discusión y producción normas sobre gobernanza ártica—.

La construcción de este sistema requeriría, asimismo, tres mecanismos de análisis. El primero de ellos se basaría en la detección de nodos espacio-temporales, es decir en la concentración de datos de distintas capas en la misma ventana espacio-temporal –un elemento que es definitorio del equilibrio ambivalente descrito–. El segundo sería el establecimiento de una correlación entre la información obtenida de las distintas capas para identificar patrones que pasan absolutamente inadvertidos en sistemas que solo operan con una capa. Por último, sería necesario considerar los posicionamientos oficiales de los distintos actores –declaraciones, activaciones de mecanismos formales—, que, en relación con el resto de los datos, podrían traducirse en señales que permitirían analizar el potencial colapso del equilibrio.

Esta arquitectura modificaría el marco operativo en el Ártico: de la reacción post hoc a la detección de señales en tiempo real. Su principal obstáculo no es técnico sino conceptual: requiere un marco teórico que justifique por qué esas capas deben cruzarse y qué patrones son analíticamente significativos. Esto es lo que, precisamente, este artículo propone a través del diseño de su marco (imagen 2).