Asistimos actualmente ante una reactivación y escalada de destrucción y violencia que a pesar de ciertos avances aún está lejos de aquellas promesas que recogió el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en adelante las FARC-EP. No es solo la recuperación de viejas estructuras de violencia ya asentadas en los territorios primordialmente periféricos del país, sino que se están erigiendo nuevas formas de violencia que armonizadas con las anteriores provocan la perpetuación de un conflicto que durante más de medio siglo ha sometido y limitado las vidas de los ciudadanos colombianos.

El sentimiento generalizado de pesimismo y apatía en cuanto a los avances del Acuerdo de Paz son inevitables debido a la lentitud con que se están llevando a cabo, todo ello derivado de la complejidad de un conflicto que engloba diversos actores, espacios de actuación e intereses económicos que en numerosas ocasiones se posicionan en las antípodas del proyecto de paz y reconciliación que tanto anhela el Estado Colombiano. El catastrofismo no es buen aliado para un proceso de paz, y por ello hay que hacer hincapié y enaltecer los diversos puntos en los que si se ha progresado y que dibujan un horizonte de esperanza, así como los nuevos intentos de diálogo y paralización de la violencia y negociación que se están llevando a cabo y que establecen los cimientos para ir construyendo un amplio espectro de paz que expulse y relegue la violencia de la vida cotidiana, para que ya no forme más parte de la vida de los colombianos como algo natural y con lo que convivir y relacionarse.

El presente trabajo tiene el objetivo primordial de entender por qué específicamente en el departamento de Nariño, al suroeste del país, el Acuerdo de Paz es más una aspiración lejana que una realidad palpable, puesto que la violencia no solo no se ha ido nunca, sino que está emergiendo a niveles exacerbados, impidiendo que los distintos puntos del acuerdo puedan materializarse. Para ello este estudio sigue una metodología de revisión bibliográfica, a través de la cual se ha llevado una labor de revisión crítica de la bibliografía existente y más relevante sobre el conflicto armado en Colombia, la paz territorial y el caso específico del departamento de Nariño. A través de la exploración exhaustiva sobre estos temas se han llegado a comprender las razones principales del porqué la violencia se perpetúa en la región y cuáles son los obstáculos y limitaciones al afianzamiento de la paz territorial en la misma, aportando en la medida de lo posible, planteamientos y vías que podrían encarnar la salida pacífica positiva al conflicto.

Para llegar a las anteriores reflexiones y análisis, este trabajo está dividido en 5 apartados más uno de bibliografía en el cual se irán desgranando los fundamentos esenciales y los puntos clave para poder llegar a conclusiones y reflexiones valiosas y sustanciales para el estudio del conflicto armado colombiano. El análisis específico del departamento de Nariño permite observar cuales son los aspectos a modo general que están provocando que de manera mayoritaria en los departamentos periféricos de Colombia la violencia se esté volviendo a instaurar de manera tenaz y agresiva. No obstante, los departamentos cuentan con especificidades muy marcadas por lo que el análisis general es escueto y conciso. Entrando en el estudio particular de Nariño, este departamento cuenta con unas particularidades que constituyen el caldo de cultivo perfecto para la reactivación del conflicto y la reorganización de las estructuras de violencia, entre ellas las más destacables: la diversificación de actores, la geografía de la violencia y el cultivo de coca. Nariño constituye una región donde históricamente el conflicto ha marcado muy duramente la vida de sus ciudadanos, y donde los atisbos de paz han sido escasos, casi inexistentes, por lo que la violencia siempre ha sido un elemento enraizado en la existencia de los nariñenses, inserta en la conciencia colectiva provocando que la vida no se conciba sin su existencia. Todo lo expuesto hasta ahora sobre Nariño constituye el interés y el atractivo académico de estudio de este departamento y además fundamenta la reflexión clave que estructura este trabajo, que es la violencia naturalizada como un elemento más de la vida cotidiana dentro del marco y contexto del conflicto armado colombiano.

Imperioso comenzar indicando la difícil tarea a la hora de encontrar antecedentes del concepto de “paz territorial”. Sin embargo, han sido diversos autores como Megoran (2011) o Koopman (2011) quienes señalaron la necesidad de llevar a cabo estudios geográficos sobre la construcción de paz, lo que supuso un punto de inflexión en las investigaciones en este ámbito de estudio, que experimentaron un gran auge e incremento a partir de entonces. Con bastante exactitud se puede asegurar que la primera vez que se usó esta expresión vinculada al proceso de paz colombiano fue por parte de Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz del Gobierno colombiano, en una conferencia dictada en Harvard en 2014, esto no quiere decir que surja de manera excepcional, ya que antes de que el término fuera acuñado, ya había una conciencia de que el conflicto variaba y se distinguía dependiendo de la región del país. Las instituciones estatales, de hecho, actuarían de forma dispar en las distintas regiones, en base a la relación con estas, los entramados de poder asentados previamente en ellas y su integración en la vida económica y los niveles de cohesión y jerarquización sociales que hayan alcanzado (González, 2009: 202).

Para Jaramillo, la conceptualización de “paz territorial” es un enfoque decisivo de la paz, que se armoniza indefectiblemente con la extensión de los derechos entre la población. De esta manera:

“Lo que me interesa resaltar es que tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las instituciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por igual. […] Para avanzar en esa dirección, hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz. […] Eso es lo que llamo la paz territorial (Jaramillo, 2014:1).

Los Acuerdos de Paz con las FARC-EP integran en la mayor parte de su articulado y en los cinco puntos negociados (añadiendo también el de verificación e implementación) un consistente y firme componente territorial y municipal, a modo de favorecer aquellas regiones más golpeadas por la violencia, pese a que en ningún momento hay referencia explícita al concepto de “paz territorial” - esta expresión no aparece en ningún momento en las más de 300 páginas que conforman el Acuerdo-, esta funciona como el concepto central, nuclear, desde el que aspirar a la superación de la violencia (Cairo et al., 2018). Entre los elementos más innovadores dentro del Acuerdo de Paz resalta este acentuado acervo territorial referente a la construcción de paz. En otras palabras, comprender que para superar la violencia se deben primar los escenarios en donde la violencia ha sido más evidente (Instituto Kroc, 2017). La “paz territorial” cerró la confrontación del Estado con la guerrilla de las FARC-EP y promovió procesos y dispositivos de transformación territorial. La importancia del territorio, y de las geografías sociales, es un elemento primordial, puesto que la paz se articula en lugares específicos y estos no son susceptibles de intercambio (Cairo et al, 2024, pp.3). Asimismo, la “paz total”¹ da continuidad al Acuerdo con la guerrilla, ampliando las propuestas de la “paz territorial”.

Pasaré a continuación a repasar como se inserta este concepto dentro de los primeros cuatro puntos del acuerdo, que son donde se hace más palpable el elemento territorial (Cairo y Ríos, 2019):

Es necesario en este punto señalar el principal problema con el que se encuentra la literatura que estudia la “paz”, que es el uso decorativo y ornamental que se le da con el fin de embellecer los discursos políticos. A pesar de que encontrar opositores verbales a la paz es hartamente difícil, este concepto no tiene el mismo significado para todos (Cairo, 2019). La “paz” es usada de diversas maneras, por distintos actores, los cuales tienen diferentes proyecciones y finalidades (Megoran y Dalby 2018, pp.271).

La paz territorial es caracterizada, problematizada e interiorizada de manera muy distinta dependiendo del actor involucrado que analicemos. Dependiendo de si hablamos del Gobierno en ese momento, y su vertiente partidista afín, de las FARC-EP, de las FF.MM. o del conservatismo opositor, mayormente coordinado en torno a Álvaro Uribe. Para el Gobierno de Juan Manuel Santos (y todo el espectro partidista de lo que podríamos calificar como conservatismo liberal en favor del Acuerdo), la paz territorial responde a una suerte de proyecto descentralizador, que conforma una deuda histórica del Estado con la periferia territorial, en su gran mayoría relegada al ostracismo por la institucionalidad. Por lo tanto, paz territorial se identificaría con una consolidación de mínimos en la base territorial del Estado, lo que se traduce en una promoción de reformas estructurales, en su mayoría de naturaleza agraria, que, conciliadas junto a incentivos de inversión, infraestructura y reconocimiento, posibiliten remover o influenciar las condiciones estructurales y culturales que asientan la violencia. En la misma línea se inserta la posición de las FF.MM., donde al menos algunos cargos de mayúscula responsabilidad se han posicionado en armonía con la paz territorial, aunque como es evidente, ligados a la vertiente de seguridad. La paz territorial es concebida como la antítesis de una visión reducida del Estado a una cuestión de poder. En otras palabras, a través de las posibilidades del Acuerdo, y tras la desmovilización de la guerrilla, la paz territorial se concibe como una manera de llenar el vacío tradicional del Estado. Las dos posturas más discrepantes y distantes respecto a la concepción territorial que encarna el Acuerdo de Paz corresponden a las extintas FARC-EP y al conservatismo más radical. Respecto a los primeros, la base de la noción de paz territorial partía de la heterogeneidad territorial en alineación con su estructuración político-militar. Era previsible que se elaborara este pensamiento con fundamento en un enfoque transversal étnico y territorial, y con una acentuada apuesta por el desarrollo de consideraciones medioambientales, de tal manera que la paz territorial pudiera fijar las bases de una paz que contemplara, analizara y transformara la violencia étnica, territorial y ambiental (Ríos, 2024).

Con fundamento en todo lo anterior, la extinta guerrilla comprendía la paz territorial como un medio de llegar al “Sumak kwasay”, al “buen vivir”, de esta manera estos términos constituirían el máximo objetivo a alcanzar vinculados estrechamente con una forma de interpretar el conflicto en relación con unas condiciones estructurales de desigualdad social que asolan la vida humana. Evidentemente, las FARC-EP como movimiento de izquierdas progresista, se comprometió con esta explicación. La otra voz discordante con la concepción territorial del Acuerdo de Paz, los defensores de una paz de mínimos, lo encontramos en el flanco más radical del Partido Conservador³, y el uribismo. Estos concebían que la paz territorial transgredía, en base al conjunto de concesiones que manifiesta, el sentido integral del Estado, una entrega de la institucionalidad a las FARC-EP (Entrevista personal a Alejandro Ordóñez, Bogotá, 13/03/2017 en Ríos, 2024). El establishment conservador, dedujo de los Acuerdos una violación al Estado de Derecho colombiano, y señaló la paz territorial como una forma de conceder legalmente (pero no legítimamente, en base a sus palabras) los territorios a la guerrilla, lo que supondría el embargo de la soberanía, un perjuicio efectivo al imperio de la ley y una reproducción de las dinámicas de criminalidad (Cairo y Ríos, 2019)

Por primera vez, los aspectos territoriales del conflicto colombiano no solo fueron abordados de amplia manera por ambas partes, tanto el Gobierno colombiano de Santos como por las FARC-EP, sino que además fue conceptualizado como un problema central que ha de resolverse, reflexionando de manera profunda sobre lo que significa el “territorio” para los diversos actores. Uno de los mejores calificativos para poder abordar el significado del concepto de “paz territorial” es el de difuso y/o polisémico. Como nos adentraremos más adelante, la paz territorial tiene diversos significados para los distintos actores políticos, en gran medida porque el acuerdo de paz no restringe ni limita de manera concreta su significado. Por ende, en lugar de partir de una definición fija de paz territorial, examinamos las voces de los actores en este proceso político específico: la negociación, firma e implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. No obstante, es precisamente esta naturaleza laxa la que permite que podamos entender la paz territorial como una ambición de prosperidad y oportunidad para las regiones, que siendo las más desatendidas por el Estado, han sido las más afectadas por el conflicto armado. De esta manera, las disposiciones de derechos, el control territorial, la seguridad ciudadana, la sostenibilidad, la descentralización e incluso también el “Sumak Kawsay” constituyen un orbe de elementos que integrarían el crisol de lecturas que ofrece la paz territorial (Cairo et al., 2018).

En noviembre de 2016 se firmaba en el Teatro Colón de Bogotá el Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos. Con este Acuerdo se finalizaban casi más de cinco décadas de uno de los conflictos armados más nocivos y virulentos de América Latina, junto con Guatemala y Perú (Ríos, 2020). Como reconocía el Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame (2017), las implicaciones del Acuerdo eran de tal magnitud con la hasta el momento, guerrilla más longeva de América Latina, que el proyecto era el más ambiciosos y completo de los 34 firmados en las últimas dos décadas. En la misma línea se inserta Koopman (2020) quien resaltaba que Colombia se convirtió en un modelo a seguir cuando, en 2016, firmó el acuerdo de paz más inclusivo del mundo. Sin embargo, a pesar de estas expectativas iniciales respecto al Acuerdo, cabe preguntarse respecto a la situación actual, puesto que en base a diversos informes que supervisan la situación del país, la realidad de la violencia e inseguridad ha aumentado de manera preocupante en los últimos años.

Así como nos expone Ríos (2020), hemos de partir de la premisa de que, a pesar de la firma del acuerdo entre los principales actores del conflicto, el escenario de involución se puede explicar a través de tres elementos principales y relevantes: la violencia activa que involucra a otros grupos armados además de las FARC-EP; la violencia estructural heredada e irresuelta durante décadas, y el limitado nivel de desarrollo en la implementación del Acuerdo de Paz. Todo lo que he expuesto anteriormente sostiene las hipótesis de Johan Galtung (1969) respecto a la paz positiva, y es que si la guerra quiere ser superada de manera efectiva es crucial la transformación de los condicionantes estructurales, simbólicos y culturales, que sostienen la misma. Como podremos analizar en las siguientes páginas, muchos de estos elementos no han sido superados tras la firma del Acuerdo de Paz, lo que ha permitido que convergieran distintos conflictos armados que se vinculan entre sí de manera compleja.

Tras casi ocho años desde que se firmaran oficialmente los Acuerdos de Paz las preguntas que hemos de realizarnos son evidentes, y giran todas respecto al alcance y efectividad de la paz territorial y de si esta ha influido significativamente en la transformación de las dinámicas de la violencia. La hipótesis de partida es desalentadora, pues refleja que, más allá de las posibilidades y oportunidades que ofrecía el Acuerdo, la realidad de la geografía de la violencia lejos de cambios y variaciones profundas, ha experimentado una considerable intensificación. Como apunta Sánchez (2022), en los territorios donde la violencia se mantiene, esta responde a causas estructurales, en las cuales el gobierno de Iván Duque tuvo un papel principal, debido a la negación por parte del mismo de aportar la resolución de fondo de estas causas en los principios y términos acordados y redactados en los Acuerdos. El autor también señala la responsabilidad del ejecutivo de Duque en la perpetuación de la violencia por su dejación en cuanto al control territorial, quedando este en disputa por un abanico de grupos armados, rearmados y disidentes, además de una actitud impasible ante el asesinato de desmovilizados, lideres sociales y defensores del medio ambiente y activistas de derechos humanos.

La finalización de los conflictos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)⁴ y con las FARC-EP, han modificado los escenarios de seguridad del país afectando de manera diversa cada uno de los territorios. La situación actual de las confrontaciones armadas puede determinarse como una situación de conflictos armados focalizados, en donde las lógicas de actuación de las estructuras ilegales en los territorios no van direccionadas a la toma del poder político, ni tampoco responden a controles territoriales articulados; se centran en confrontaciones que atienden a intereses particulares. Los grupos posdesmovilización AUC y posdesarme FARC-EP emergen con una motivación mafiosa. Sus intereses territoriales se vinculan principalmente a la apropiación de rentas y en la mayoría de ocasiones eso los hace dependientes de dinámicas y redes ilegales transnacionales, como la del narcotráfico. La relegación a segundo plano del carácter político dentro de las confrontaciones armadas ha desencadenado la proliferación y conformación de colectivos sociales que encabezan la defensa de los territorios y de los derechos, y aunque esto no supone un elemento novedoso, ha constituido un ambiente en el que sus líderes se han empoderado. Esto ha resultado en una visibilización de los movimientos de la sociedad civil y sus representados, que los han convertido en blancos de agresiones por parte de los grupos armados (González Posso, González Perafán, Espitia, 2018).

Sanchez (2022) pone de relieve el hecho significativo de que más allá de las apariencias, las causas que sustentan la violencia difieren considerablemente de una región a otra. La interrelación entre dinámicas sociales, política y culturales de cada región articulan contextos particulares que son los que marcan en determinados casos nuevas formas de violencia, y en otros, la simple reafirmación de violencias preexistentes. De esta manera la importancia geoestratégica de los territorios debido a su ubicación privilegiada dentro de las rutas del narcotráfico, es la razón imperante en el sur del Cesar, hasta su cercanía a la frontera de Venezuela, como ocurre con Norte de Santander y Arauca. Otros emplazamientos como Chocó o sur de Bolívar son ambicionados por su riqueza de recursos naturales que fomentan la minería ilegal, así como las licencias mineras que socavan a las comunidades locales como sucede en Santander. Y finalmente, la perpetuación del conflicto armado se vincula con la coexistencia de pobreza y riqueza petrolera, como acontece en los Llanos Orientales, o la presencia de cultivos ilícitos, como tiene lugar en Nariño, departamento en donde además se suma una inadecuada implementación del programa de sustitución voluntaria y la retoma por parte del gobierno nacional de la aspersión con glifosato.

La violencia directa que podemos ver de manera más visible en los homicidios asociados al conflicto, como los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP o líderes sociales comprometidos con el Acuerdo de Paz, se sitúan en niveles de intensidad significativa. Esto anterior responde a la convergencia de factores, que, funcionando como variables intervinientes, impiden el establecimiento de una paz estable y duradera en estos enclaves. La suma de la violencia estructural irresoluta, a una condición periférica, hostil y fronteriza, en donde se concentran los mayores porcentajes de cultivos cocaleros y la mayor simultaneidad de grupos armados y estructuras criminales impiden el establecimiento de la paz territorial, tan ansiada y perseguida por el Acuerdo. Hemos de partir de una premisa de base la cual nos señala que las condiciones demográficas, sociales o culturales de un territorio concreto influencian y replican los contextos espaciales en donde acaece la violencia. La relación que se establece entre el individuo – o grupo social – con el ambiente que le rodea, resulta en la construcción de un contexto espacial donde adquieren significados múltiples interacciones de cotidianidad, construcciones sociales e imbricación multiescalar. Esto nos ayuda a entender por qué determinadas regiones de Colombia y no otros, aúnan mayor o menor violencia. Es necesario hacer hincapié en aquellos territorios denominados como “periféricos” y que como ocurre con algunos de los enclaves colombianos, son de difícil acceso y mantienen una gran distancia con los centros de decisión, económicos y políticos del país. De este modo, aquellas regiones calificadas como periféricas reúnen las características adecuadas para la preservación de la violencia, resultado de la concurrencia de una marcada fractura regional y la ausencia de infraestructura, además de la presencia de imaginarios distanciados en clave de unidad nacional (Ríos, 2021).

Es preciso el estudio en este punto de un proceso conocido como periferialización, el cual constituye la explicación de algunos de los cambios espaciales que ha experimentado la violencia derivada del conflicto armado. Estos cambios sobrevienen especialmente en el nororiente y el suroccidente del país, es decir, como advertía en el párrafo anterior, escenarios apartados de los centros decisorios del país, con niveles de desarrollo económico y social bajos, pero con enorme valor estratégico por la presencia de cultivos ilícitos o de mayor activismo guerrillero (Ríos, 2016b). Son fundamentalmente cuatro las variables que convergen en el resultado transversal de la periferialización del conflicto armado colombiano, a saber: el narcotráfico, política de seguridad, paramilitarismo y situación estructural. Si focalizamos la atención en las dos guerrillas colombianas protagónicas del conflicto armado a partir de los años 90, las FARC-EP y el ELN, ambas han experimentado un proceso de periferializacion y narcotización que, aunque muy intenso durante el periodo comprendido entre 1998 y 2012, se han mantenido como elementos constantes. Como demuestra Ríos (2016a) si tomamos como variable dependiente la violencia armada de estos grupos, y como variable independiente la concurrencia de cultivos ilícitos, queda evidenciado que, a mayor presencia de cultivos, mayores niveles de presencia armada guerrillera. Dicha presencia se contempla en departamentos fronterizos o ribereños con el Océano Pacifico. Los departamentos con mayores niveles de cultivos de coca, y mayores niveles de presencia guerrillera son frontera terrestre - bien con Venezuela, como el caso de Norte de Santander y Arauca; bien con Perú, como Putumayo; o con Ecuador (Nariño) – o con salidas al Pacifico como ocurriría con este último departamento mencionado y otros como Cauca, Valle del Cauca o Chocó⁵.

La desaparición de las FARC-EP del escenario de conflicto armado no implica que vestigios concretos de la extinta guerrilla no sigan presentes, por diversas razones, bien por una férrea oposición a aceptar el Acuerdo de Paz y desmovilizarse, o bien porque se han constituido estructuras criminales emergentes, que, beneficiándose de la continuidad de la violencia, han logrado nuevas movilizaciones en favor de la criminalidad. Si atendemos a las estructuras disidentes de mayor trascendencia en el momento presente, el factor periférico vuelve a estar presente. La realidad es que en la actualidad el ELN, las disidencias de las FARC-EP y los grupos herederos del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, son los que finalmente se han afianzado como actores de la violencia local en aquellos contextos cocaleros en donde, hasta 2016 la presencia de las FARC-EP resultaba hegemónica (Ríos, 2021).

Queda evidenciado que el Acuerdo de Paz ha sido sobrepasado por la violencia, la geografía de la violencia y las condiciones que a ella se asocian, y no han experimentado apenas cambios desde la firma, como así lo han señalado diversos autores, destacando entre ellos el trabajo preciso y detallado de Ríos (2022: 32-38). Las estructuras armadas y los diversos grupos delictivos siguen teniendo un papel principal en los escenarios de mayor producción de violencia, como ocurre en la región del Pacífico, el nororiente y el sur y suroccidente colombianos. El elemento territorial del Acuerdo ha chocado frontalmente con numerosas dificultades, debido a la perpetuación de una marcada brecha territorial, una acuciante debilidad institucional, y una violencia estructural exacerbada, a las que se suma el negocio cocalero que, durante décadas, ha sido la válvula de escape para poder comprender la intensidad y longevidad del conflicto armado.

En este apartado se busca explicar las razones del porqué el Acuerdo de Paz en el departamento de Nariño no encuentra cabida y la violencia sigue estructurando la vida de sus ciudadanos. Para ello en primer lugar analizaremos el tema de los cultivos ilícitos, que supone el fundamento y pilar de la narcotización que han sufrido las estructuras armadas en esta región. Y en segundo lugar estudiaremos los diferentes actores armados que están emplazados en el departamento y que sabotean y funcionan de parapeto a la implementación del Acuerdo de Paz.

El departamento de Nariño presenta una población fundamentalmente rural, en torno al 75%. Se caracteriza principalmente por una significativa diversidad cultural en la cual encontramos presencia afrocolombiana, indígenas y mestizos (Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, 2011). Mientras que la población indígena se concentra en 67 resguardos y se distribuye en 24 municipios, los afrodescendientes, algunos congregados en áreas comunitarias, se concentran, fundamentalmente en la zona costera sobre el mar, como en la región de Tumaco, Barbacoas o El Charco entre otros. El departamento presenta una debilidad institucional a la que se suma fuertes indicativos de desigualdad, desempleo y pobreza, en especial en aquellos municipios o zonas con población indígena y afrocolombiana.

En Nariño, los cultivos de coca comenzaron en los años 90 del siglo pasado, convergiendo con la expansión de los grupos guerrilleros, la compra de tierras por parte de los narcotraficantes del Valle y la llegada de paramilitares a las productoras de coca hacia el suroccidente del departamento. Además, a todo ello se sumó la llegada hacia 1999 de nuevos colonos que escapaban de las aspersiones áreas en el vecino departamento de Putumayo. Los campesinos nariñenses que se dedican a estos cultivos lo hacen para poder mitigar la pobreza y atender necesidades básicas. Un estudio realizado sobre diversos municipios de la zona afectada por los cultivos ilícitos, muestra que de media los campesinos utilizan entre 1.3 hectáreas a 2.9 para el cultivo de coca, el cual se intercala con otros cultivos como el plátano, la yuca, el cacao o el limón. También se ha evidenciado que el cultivo no genera importantes beneficios y que los remanentes se destinan a comprar o mejorar la vivienda, para obtener un medio de transporte o para abonar el coste de los estudios de los hijos (Sánchez et al, 2018).

Para el año 2002, los cultivos de coca adquirieron una importancia considerable alcanzando las 15.131 hectáreas. En ese año, Nariño se posicionó en el segundo lugar como uno de los departamentos más afectados por estos cultivos. Al año siguiente, en el 2003, pasó al primer puesto, con 17.628 hectáreas; y finalmente en los dos años sucesivos, 2004 y 2005, volvió al segundo puesto entre los departamentos que más cultivo de coca producía (UNODC, 2006). Entre los años 2006 y 2018, Nariño se posicionó en cabeza como el departamento con mayor número de hectáreas. Se consolidó como el departamento que mayor porcentaje de cultivo de coca producía anualmente, con el 20% del total, llegando en el 2015 a producir el 31%. Asimismo, Tumaco se convirtió, desde el 2008, en el municipio más afectado por cultivos de coca en Colombia. Luego de los Acuerdos de Paz, en Nariño hubo un aumento considerable de los cultivos, se pasó de 29.775 hectáreas a 42.627 hectáreas, una expansión que pudo deberse entre otras razones a: en primer lugar, las expectativas creadas por el Acuerdo de Paz en cuanto a la sustitución de cultivos. Se intuye que los cultivadores concibieron en su imaginario que a más hectáreas sembradas de coca más incentivos recibirían a la hora de comenzar con la sustitución de cultivos; y, en segundo lugar, se constató que entre el 2012 y el 2017, el consumo en Estado Unidos se incrementó, en tanto hubo un aumento del 75% en la cantidad de personas que se les detectaba cocaína en su organismo⁶ (UNODC, 2017).

Desde el 2019, Nariño es superado por Norte de Santander como el departamento más afectado por los cultivos de coca, al igual que Tibú superó a Tumaco como el municipio con mayores cultivos. En ese año, ambos departamentos, Norte de Santander y Nariño, agrupaban el 50% de toda la coca cultivada en Colombia (UNODC, 2020). En el decrecimiento del cultivo de coca ha intervenido la aplicación de la erradicación forzosa y voluntaria que se ha aplicado tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. No obstante, los resultados no han sido los esperados puesto que, a pesar de la disminución de los cultivos, desde el 2016, se ha observado, en el ámbito nacional, una tendencia a la mayor productividad de los lotes y una mejora en la capacidad para obtener cocaína. Respecto a la primero, este se puede deber a la utilización de mejores prácticas de cultivo como la reducción de la densidad de plantaciones, o la renovación de los lotes. Y en cuanto al segundo, el mayor rendimiento en la extracción estaría vinculado a la mayor presencia del alcaloide en la hoja, sumado a una mejor eficiencia en el proceso de extracción de la cocaína (UNODC, 2021).

Uno de los proyectos clave del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP fue el recogido en el punto 4, en cuanto la pretensión de erradicar los cultivos de coca, contando con el concurso voluntario de los campesinos. El Estado solo podría llevar a cabo la erradicación forzosa de cultivos de coca cuando los cultivadores no sustituyeran los cultivos, incumplieran los acuerdos o no se hubiera llegado a un pacto con las comunidades. Por lo tanto, había dos supuestos de partida: en primer lugar, que la pobreza en el campo y el marginamiento regional eran los fundamentos que habían llevado a los campesinos al cultivo de coca, por sus ventajas de producción y comercialización. Por otro lado, se creía que, la reducción de los cultivos, conllevaría el debilitamiento y eventualmente la extinción de las organizaciones armadas asociadas al narcotráfico. El Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS), inició su implementación con Juan Manuel Santos y proporcionaba asistencia técnica y pagos alimentarios a familias en situación de pobreza cuya subsistencia se basara en los cultivos ilícitos para llevar a cabo su sustitución. Sin embargo, el programa enfrentó desde su inicio retos y dificultades, pues las expectativas de los campesinos comenzaron a frustrarse, y bajo el gobierno de Iván Duque el programa entró en un proceso de deterioro por las importantes limitaciones presupuestarias, ya que el ejecutivo estaba más predispuesto a llevar a cabo una estrategia contra las drogas mediante la aspersión con glifosato. Las mayores dificultades del programa no radicaban en su implementación, sino que eran el resultado del freno que la administración de Duque le impuso al cerrar inscripciones al mismo y desfinanciarlo, proyectando la extinción de la vía de la erradicación de cultivos de coca a través de la recuperación de la vía punitiva ya utilizada en décadas anteriores que combinaba la lucha contrainsurgente con la persecución al narcotráfico sustentada en gran parte en la aspersión aérea (Aguilera, 2022).

El área total de cultivos experimentó un aumento en el año 2021 de 143.000 a 204.000 hectáreas, la cifra más alta desde que se tienen registros, según apunta el último informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de naciones Unidas (Simci) (UNODC, 2022). La Policía Nacional de Colombia fijó como objetivo de erradicación de cultivos ilícitos para el año 2023 las 20.000 hectáreas, lo que supondría una reducción del 60% respecto al objetivo del año anterior, propósito que no se vio satisfecho. Estas cifras sin precedentes responden al fracaso del programa de erradicación forzosa llevado a cabo por el gobierno de Iván Duque, en menoscabo de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos cocaleros. Petro, con una agenda totalmente opuesta, ha abogado por acabar la guerra contra las drogas. Así lo expreso en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la calificó de fracaso e hizo hincapié en que el narcotráfico no es solo un problema de los países productores, sino también de los estados consumidores como Estados Unidos. También ha dado pasos para enterrar la posibilidad de volver a las polémicas fumigaciones aéreas con glifosato, suspendidas desde 2015 (Torrado, 2023).

La cifra de hectáreas erradicadas de cultivos de coca en Colombia alcanzó el 93% de la meta propuesta para el 2023. A lo largo de ese mismo año, las cifras de erradicación no fueron positivas, no obstante, la política antidrogas de Gustavo Petro planteo el cese en cuanto a la utilización de glifosato para impulsar la erradicación manual. Esta noticia se dio a conocer por parte del vicecanciller Francisco Coy, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, en la reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Colombia-Estados unidos que se celebró en septiembre de 2023. La reunión tenía como objetivo el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre los dos países para llevar a cabo una nueva política, con una vigencia de diez años y que tiene como lema Sembrando vida desterramos el narcotráfico, puesto que se trata de una propuesta a largo plazo. Colombia ha puesto la esperanza en mantener la cooperación con el país norteamericano al mismo tiempo que se articulan los esfuerzos con las autoridades colombianas (Arias, 2023).

No obstante, en el primer semestre de 2024 se erradicaron 278 hectáreas de siembre ilegal de hoja de coca, una cifra alejada de los objetivos fijados por el gobierno (10.000 para final de año). En la actualidad, el proyecto del ejecutivo se basa en la reducción de la pobreza en las áreas cocaleras, la debilitación de las fuentes de ingresos y capacidades de los actores del narcotráfico y la recuperación de esas regiones por medio de otros programas contemplados en el acuerdo de paz. Dentro de esta estrategia convergen esfuerzos en áreas clave como la lucha contra la corrupción, la gestión financiera, la mejora de la infraestructura en torno a proyectos productivos y la interdicción, dejando de lado la erradicación. La demora en el proceso se debe a las instrucciones por parte del Ministerio de Defensa de limitar la eliminación forzosa y priorizar la voluntaria, esto dificulta sobremanera el retiro de los cultivos ilícitos, ya que los campesinos son presionados por estructuras armadas ilegales. Soler señala que la visión del Gobierno Nacional es que el campesino es el eslabón más tenue de la cadena del narcotráfico, pues no se queda con el dinero y podría ganar más con la legalidad. A pesar de que la erradicación forzosa es más efectiva para llegar a cumplir los objetivos, con ese método se afecta más a las comunidades y se pone a la Fuerza Pública en una situación comprometida, pues se pueden dar confrontaciones (Redacción El País, 2024).

Pasando al segundo de los puntos a estudiar en este apartado, en el departamento de Nariño nos encontramos con viejos y nuevos aparatos armados, con estructuras de violencia heredadas con raíces más antiguas y con nuevas estructuras forjadas a partir de las circunstancias. En el Departamento de Nariño, las FARC-EP desmovilizó el Frente 29, el cual llevaba actuando en la zona desde 1985, desarmando igualmente sus columnas móviles “Daniel Aldana” y “Mariscal Sucre”. Aguilera hace hincapié (2022) en que el pacto de paz con las FARC-EP no tuvo una orientación total, pues dejó por fuera a la guerrilla del ELN, así como a los sucedáneos del paramilitarismo. Respecto al primero, se trata de una guerrilla de inspiración marxista y creada coetáneamente junto a las FARC-EP. En Nariño, el ELN funcionaba desde 1992, focalizado esencialmente en el área rural de Samaniego y Ricaurte, por intermedio del frente “Comuneros del Sur” el cual se componía a su vez por tres subestructuras: “Mártires de Barbacoas”, “Héroes de Sindagua” y la Compañía “Camilo Cienfuegos”. Tras la desmovilización de las FARC-EP, el ELN ha experimentado un ligero crecimiento para hacer frente a la alta conflictividad que acontece en el departamento debido a la concurrencia de diversos aparatos armados. No solo ha entrado en disputa por las zonas en las que anteriormente se localizaba las FARC-EP, sino que también se ha proyectado hacia el norte, en la frontera con el departamento del Cauca. No obstante, tanto su crecimiento militar como político es limitado, puesto que continúa operando con cuatro subestructuras (“Frente Comuneros del Sur”, “Frente Manuel Vásquez Castaño”, “Compañía Milton Hernández Ortiz” y “Elder Santos”) y porque para poder expandir la actividad política es necesario tiempo y también menor nivel de conflictividad con apartados rivales. Además del ELN, también persisten los herederos del paramilitarismo. Es preciso hacer memoria y recordar que, en 2005, se llevó a cabo la desmovilización del Bloque “Los Libertadores del Sur” sin que esto condujera al Estado a resolver el problema de los cultivos ilícitos y las estructuras criminales derivadas de esta actividad; tampoco logró establecer su dominio sobre el territorio y la vigilancia sobre los desmovilizados del paramilitarismo. Todo esto resultó en la emergencia de sucesores de esa agrupación como Nueva Generación, los Urabeños, las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De todas las agrupaciones que surgieron, solo las últimas (Clan del Golfo) han persistido hasta la actualidad (Aguilera, 2022).

Es crucial tener en cuenta que, en pleno proceso de negociación con las FARC-EP, hubo desprendimientos de guerrilleros y milicianos del Frente 29 que funcionaban en la zona, que decidieron formar nuevas agrupaciones. De esta manera, cuando se produce la desmovilización de las FARC-EP surgen nuevos grupos, que denominados disidentes, en realidad están conformados por rearmados y nuevos reclutas. Actualmente nos encontraríamos ante dos proyectos organizativos de los herederos armados de las FARC-EP, el nombrado como Segunda Marquetalia, que cuenta con 4 subestructuras (Frente Oliver Sinisterra, Frente Alfonso Cano, Frente Iván Ríos y Frente Ariel Aldana) y el nombrado como Estado Mayor Central, EMC, que cuenta con tres subestructuras (Columna Móvil Urías Rondón, el Frente Franco Benavides, y la Columna Móvil Alan Rodríguez). En la figura a continuación podemos observar la presencia de Grupos Armados en 2024 en base al informa de Indepaz del mismo año.

De manera general, los nuevos grupos armados que emergen en Nariño se han estructurado con exguerrilleros de las FARC-EP que no se acogieron a la desmovilización o que una vez se incorporaron volvieron a las armas. Cuentan entre sus filas con nuevos reclutas y menos víctimas del reclutamiento forzado. Cabe mencionar que entre 2017 y 2018, las disidencias de las FARC-EP fueran acusadas de ser las mayores responsables de reclutamiento de menores en la región pues entre sus filas se hallaban 50 niños o adolescentes; a estas le seguían el ELN con ocho y las bandas criminales con seis (Indepaz, 2018).

Respecto a la continuidad de la violencia en Nariño, es destacable que esta se dirige en menor medida contra el Estado y mayormente contra la población civil, de la misma forma que es relevante la violencia entre los mismos actores armados. Uno de los blancos de la violencia son las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos o que ejercen un liderazgo local. En Nariño, las afectaciones más comunes, entre el 2016 y el 2020, fueron los asesinatos, seguido de las amenazas, las desapariciones, las detenciones y los atentados. Los líderes más afectados fueron, en orden: los líderes indígenas, los afrodescendientes, los comunales, los comunitarios, los de víctimas, los campesinos y los sindicales. Según el informe de Indepaz del presente año (2024) respecto al contexto de violencia en Nariño, entre 2016 y 2024 habrían sido asesinados 130 líderes, 18 de ellos mujeres, con Tumaco a la cabeza como municipio más afectado, con 66 asesinatos. Es preciso indicar que entre 2021 y 2023 hubo disminuciones importantes en el asesinato de líderes y lideresas. Un hecho que no determina que vaya a haber una tendencia a la disminución sino se llevan a cabo acciones de protección individual y colectiva. La violencia también ha sido especialmente cruenta contra los exguerrilleros de las FARC-EP que firmaron la paz en la zona y que se concentraron en Tumaco en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) denominado La Variante. Entre el 2016 y el 2024 han sido asesinados en el Departamento de Nariño 43 firmantes, siendo Tumaco el municipio donde más crímenes se acumulan. A partir de 2022 se ha venido dando una reducción en poco más del 50% de los asesinatos de firmantes, pasando de una cifra de 9 casos en 2018 a 2 casos en 2022 y 3 casos en 2023. El trimestre donde se registraron los 3 asesinatos de 2023 fue entre julio y septiembre, meses en los cuales se estaba llevando a cabo el proceso de instauración de la mesa de diálogo con el EMC y se iniciaba el cese al fuego con el ELN.

La paz en Nariño al momento de establecerse ya era una víctima mortal de la violencia de la región. En este departamento, la paz que se añoraba con la firma del Acuerdo con las FARC-EP contaba y cuenta con enormes trabas e impedimentos. A 2016, el saldo era claramente negativo. En la región, el ELN estaba en pie de conflicto desde hacía unas tres décadas y el proceso de paz parcial no los amparaba. También en situación de ilegalidad se encontraban los sucesores del paramilitarismo, sucesores de otro pacto de paz mal cerrado. Además, a todo esto, se sumaba la degradación del Frente 29 y de sus columnas, y la falta de anticipación y previsión por parte del Estado para anticipar el desmorone de esa agrupación. Previo a la firma del acuerdo, los cultivos de coca se convirtieron en el mayor de los objetivos de los apartados armados, los cuales se movilizaron de manera masiva para acaparar los espacios y rutas de los que hacían tránsito a la vida civil. Los programas socioeconómicos llegaron en medio de las expectativas de redención social de muchos sectores sociales que depositaron sus mayores esperanzas en las transformaciones anunciadas en el Acuerdo. Empero, al poco tiempo se constató la debilidad institucional para implementar el proceso de paz, toda vez que las expectativas generadas excedían sobremanera los recursos, y el gobierno del presidente Duque quebrantaba y desfinanciaba un programa de suma importancia para la región como era la sustitución de cultivos ilícitos. El programa gubernamental, cuyo objetivo era la fumigación y la política contrainsurgente era opuesta a la estrategia del anterior gobierno de procurar una salida democrática que fomentara la transformación de las relaciones sociales en el campo. El actual gobierno sigue esa línea con una agenda orientada a fomentar la erradicación voluntaria, el diálogo y la salida pacífica del conflicto.

En Colombia la paz aún se constituye más como un sueño que como una realidad materializada. La violencia se perpetúa y se exacerba cada día más, haciendo que la esperanza por construir un país en el que la amenaza de la violencia y la muerte no esté siempre planeando, cada vez se torne más complicada. A lo largo de las páginas de este trabajo se ha hecho un recorrido teórico e histórico que permite comprender de manera profunda y específica el caso específico tratado en el último capítulo sobre el departamento de Nariño.

Hemos de comenzar reflexionando sobre ese nuevo concepto de paz que nos ha aportado el estudio de la confrontación armada colombiana llamado paz territorial. Sin comprender este término no se comprende el conflicto en Colombia, por lo que el haber articulado este concepto, así como los investigadores que trabajan sobre él, no solo resulta una labor brillante académicamente, sino que desarrollan un trabajo imprescindible para poder comprender la base y pilares sobre los que se estructura la violencia en Colombia. El territorio, sobre todo aquellos espacios periféricos, han constituido el soporte del conflicto armado, el control de la mayor superficie posible ha sido fundamento clave en el enfrentamiento entre los diferentes actores armados, y de esta manera encontramos departamentos en los que la violencia ha golpeado y afectado en mayor medida que en otros, por lo que estas han de tener un tratamiento, estudio y cuidado diferente al que hayan podido tener otras regiones. La paz territorial es el concepto nuclear sobre el que desarrollar la paralización de la violencia en Colombia, por la importancia del factor territorio en este caso particular.

Numerosas generaciones de colombianas y colombianos no saben lo que es vivir sin la violencia, esta se ha constituido como el elemento sobre el que enraizar su vida y subsistencia. Las conclusiones son claras, si no se desarticulan ni se tratan los elementos estructurales que fomentan la violencia, nos vamos a encontrar de manera perpetua saboteadores del proceso que únicamente conociendo la violencia como medio de supervivencia y de aspiración a un mayor nivel de vida no van a dejar las armas ni favorecer la instauración de un modelo que les proporcione menos beneficios que el que dan los negocios ilícitos. Es también necesario la instauración de un modelo educacional que constituya como principal objetivo la articulación de una cultura de la paz, y así de esta manera ir disminuyendo los factores de violencia cultural que también fomentan y sustentan la violencia directa. Cabe señalar que la educación para la paz no solo ha de instaurarse y fomentarse en las zonas que han sido más afectadas por el conflicto, los habitantes de estos departamentos conocen muy bien lo que es vivir en constante amenaza, en miedo perpetuo a perder la vida, lo que más ansían no quepa ninguna duda es que se implemente el Acuerdo de Paz. Ha de instituirse en los centros decisorios del país, y crear una conciencia colectiva de solidaridad y empatía, que lo que esté a miles de kilometro importe, que las vidas humanas de los conciudadanos importen, y para ello es fundamental también un proceso de descentralización. Para que haya avances en la implementación del Acuerdo de Paz, y la violencia disminuya, las decisiones sobre los diversos departamentos no pueden ser tomadas desde Bogotá, el desconocimiento y la falta de contacto con las peculiaridades que caracterizan cada región, al igual que la falta de conciencia de la población de las diversas regiones hace fracasar de manera radical el proyecto de paz.

Las inversiones han de ir dirigidas a paliar fundamentalmente la extrema desigualdad que se vive en Colombia, este es un pilar clave para la continuación de la violencia. Este ha sido el sustento de que muchos campesinos se hayan visto forzados a la siembra de cultivos ilícitos, una práctica que, a pesar de suponer una amenaza a la integridad y a la vida, al menos garantiza en cierta medida el poder tener para sobrevivir. La combinación de un modelo educacional en el que se fomente la siembra de otro tipo de cultivos junto con la inversión para disminuir la desigualdad es la receta para poder acabar con una de las principales fuentes de violencia. Una paz basada en la memoria no en el olvido es el clímax a alcanzar en Colombia, en el camino se presentan retos y limitaciones, derivados de traumas provocados por la violencia, que son arrastrados históricamente, pero la recompensa final de salida pacífica positiva al conflicto bien merece el esfuerzo. Es necesario seguir trabajando por y para la paz. Una Colombia con un futuro sin violencia es posible, pero la construcción de esta es complicada sino se hace de manera conjunta, sin rencores ni venganzas, con una conciencia colectiva de educación para la paz, y donde los valores comunitarios de convivencia y reconciliación siempre sean preeminentes.