Uno de los elementos más comunes al analizar la geopolítica de Asia-Oceanía-Sur del Pacífico es la amplitud de posibilidades que se ofrecen en la investigación y debate a la hora de incluir o no determinados Estados o territorios, soberanos o no. En concreto qué Estados independientes y qué territorios que no lo son deben incluirse en el listado objeto de análisis.

En Oceanía, todos ellos carecen de fronteras físicas –salvo uno, Papúa Nueva Guinea, que linda con Indonesia- o son islas. Estamos refiriéndonos a la plataforma continental australiana y los archipiélagos de Micronesia, Polinesia y Melanesia. En total, una zona marítima que supone algo más de 8,5 millones de km2.

Políticamente suponen catorce Estados soberanos, catorce territorios dependientes de EE.UU., Reino Unido, Francia, Australia y NZ así como cinco territorios integrados en Estados no oceánicos. Su principal característica es su no continuidad territorial, el llamado “continente del Pacífico azul”, el más pequeño de superficie emergida del mar y el menos poblado (Lebon y Gravelat, 2022: intro). Australia destaca entre todos estos Estados y territorios, siendo la potencia regional y democracia liberal por excelencia, así como en menor grado, Nueva Zelanda, ambos firmes aliados de EE.UU. y que conforman la “angloesfera”¹ de la zona y mantienen una relación crítica permanente con la RPC.

Existen también territorios en proceso de independencia como es Bougainville² y otros con fuertes y crecientes pulsiones independentistas (Nueva Caledonia) por lo que es posible que el número de Estados soberanos se incremente en el futuro. Por lo demás hay cientos de islas con un perfil específico étnico y cultural sin olvidar el hecho de que muchos territorios no forman un Estado independiente pero gozan de un statu quo singular y fuerte personalidad cultural y nacional, como los Estados libres asociados con NZ de Niue y las Islas Cook. Ante este totum revolutum creemos que el eje central de este documento debe centrarse en las relaciones entre la gran potencia económica, política y militar asiática, la República Popular China (RPC) y los Estados que tienen –formalmente- plena independencia política, como Estados soberanos con capacidad de relacionarse internacionalmente con tres países con gran peso específico en la zona: China, Australia y los EE.UU., y en menor medida, Nueva Zelanda, o territorios significativos que dependen de Francia, como Polinesia o Nueva Caledonia.

Por ello, a lo largo de este artículo nos centraremos en cinco ejes principales:

Todo ello, sin perjuicio, que hay otro concepto que debemos tener en cuenta, que es la división en cuatro regiones geográfico-culturales. En concreto:

Solo tres Estados alcanzan los 200.000 km2 (Australia, PNG y NZ); el resto son pequeñas islas que no superan los 2000 km2 y algunos son auténticos micro territorios como Tuvalu y Nauru (con 25 y 21 km2, respectivamente). Solo Fiji (18.000 km2), Islas Salomón (29.000 km2) y Vanuatu (12.000 km2) suponen un territorio más extenso.

Tanto para la RPC como para Taiwán, los territorios de Oceanía son un escenario de gran competencia diplomática, a los que no son ajenos los países de la angloesfera y Francia. Tras la II Guerra Mundial la zona era considerada un “lago americano”, idea que se diluye progresivamente a partir de 1990 con la incipiente presencia china (Veron, 2020), in crescendo hasta llegar a la presente tercera década del siglo XXI. En este contexto pueden destacarse que para ambos Estados chinos, Oceanía es una zona de competencia e interés especialmente comercial, pero también afecta a su seguridad nacional. Ello es obvio cuando la zona no sólo incluye catorce Estados soberanos y siete territorios bajo control extra oceánico relativamente próximos en distancia a China y ocupa el quince por ciento de la superficie mundial, sino que además es rico en recursos naturales, como minerales y pesca y cuenta con grandes recursos del fondo marino (Arco, 2023: 75) y zonas económicas exclusivas de enorme extensión.

Sin embargo, el interés de la RPC fue escasa hasta finales del siglo XX (Yu, 2015) si se compara con la presencia de Australia y EE.UU. hasta ese momento, y en menor medida, Francia; su importancia estratégica durante la II Guerra Mundial llevó a ser considerado como “un patio trasero inescrutable e inestable” de EE.UU. (Arco, 2023: 76); sin embargo, el interés de la RPC desde inicios del siglo XXI ha conllevado un impacto en los equilibrios regionales y rivalidad entre aquélla, Australia y EE.UU. y el juego de ajedrez sobre los PIP, especialmente cuando Pekín comprobó su importancia geográfica, ubicada como tal continente entre Asia, Australia, Norte y Suramérica y como ligazón con los océanos Pacífico e Índico (Wang, 1991: 182), máxime cuando en la segunda década del presente siglo, alrededor del 90% de la importación y exportación de productos chinos continentales y el 40% de petróleo dependía ya del tráfico marítimo (Yu, 2015:5).

Dado que la razón de Estado del régimen de Pekín impone la incompatibilidad diplomática con la República de China (Taiwán), esta última se ha llevado la peor parte con la pérdida progresiva de relaciones diplomáticas formales, aunque no así de relaciones comerciales, en un símil con lo que sucede en la misma Europa, con la presencia de Oficinas de Representación que actúan, de facto, como embajadas.

A 2025, once Estados mantienen relaciones con la RPC y tres con Taiwán. Aun así se puede afirmar que “Taiwán y la RPC compiten ferozmente por los lazos diplomáticos, regalando millones de dólares para reforzar los vínculos o bien sustraerse aliados entre sí”⁴. Según datos de 2024, China es el mayor socio comercial de casi todos los Estados oceánicos, frente a una Australia incómoda por perder la ascendencia sobre un continente que ha sido relativamente tributario de aquélla. A todo ello se incorpora EE.UU., pues Oceanía asume un gran valor estratégico –mucho más que comercial- que afecta a la capacidad del Ejército norteamericano de proyectar su fuerza y recopilar inteligencia en todo el Indo-Pacífico. Una pugna que alcanzaría a un posible conflicto entre la RPC y Taiwán, pues la zona es la adecuada para transitar, intervenir y reabastecer a este último Estado, aliado de EE.UU., en el supuesto de un conflicto militar marítimo-aéreo.

En este sentido, en esta tercera década del siglo XXI una primera conclusión que puede aceptarse es que China está en fase de auge económico y comercial en la zona, si bien con dificultades por el aislamiento insular de muchos de estos Estados con infraestructuras muy limitadas, en detrimento de Taiwán. Australia sigue siendo un socio comercial y fuente de inversiones muy significativo y asume la finalidad de mantener la paz en la zona, además de transmitir valores culturales y democráticos. Sin embargo, muchos analistas inciden en la preocupación de que las inversiones chinas sirvan para ganar influencia política o, lo más importante incluso, de acceder a activos estratégicos, como son los puertos o aeropuertos, un riesgo que no supone Taiwán, dada su actuación como democracia liberal muy pragmática.

Es significativo que ante ello, los PIP han creado un “mercado para el reconocimiento diplomático” y “vendiéndose” al mejor postor (Atkinson, 2010: 407-427), como ha sucedido en Centroamérica, donde el vencedor claro, de forma progresiva, es la RPC. En este juego, para Taiwán los vínculos formales e informales con los PIP y Australia y NZ se basan en tres niveles; mantener relaciones diplomáticas o para-diplomáticas, apoyar el dominio estratégico de EE.UU. en Asia Pacífico y mejorar su posición estratégica en el Este de Asia, por lo que el liderazgo de Taipéi no puede subestimarse la importancia de Oceania (I-Chung, 2007: 147).

La intensidad de la “compra-venta” fue clara entre el 2000 y 2010 y a flujo a reflujo de quién gobernara en Taiwán; una etapa de apaciguamiento con el presidente Ma (2008-2015) y mayor agresividad con la presidenta Tsai (a partir de 2016) con su llegada al poder y su defensa de la soberanía taiwanesa. Progresivamente la RPC se ha impuesto a Taiwán con cuantiosas inversiones y apoyo militar a los PIP. Si a 2023, catorce estados insulares reconocían a la RPC y cuatro a Taiwán (Nauru, Tuvalu, Palau e Islas Marshall), en 2024 ha caído Nauru. Ejemplo de esta “compraventa” (Harding, 2009) es precisamente Nauru, que mantuvo relaciones con la RPC entre 2002-2005, las rompió para establecerlas con Taiwán, rompiéndolas en enero de 2024 al reconocer de nuevo a la RPC⁵.

La conclusión nos parece clara, por cuanto estos PIP han aprovechado la rivalidad entre las dos Chinas y han actuado según sus intereses –no siempre legítimos, pues hay casos de corrupción institucional en el “mercadeo”-, modificando el bando en base a la coyuntura, como son cambios de gobierno (Tuvalu, 2004; Vanuatu, 2006), a través de sobornos a la dirigencia isleña (Kiribati, 2003), incremento de la ayuda al desarrollo (Salomón y Kiribati, 2019), apoyo económico general e incluso elementos muy específicos como ayudar para crear la única línea aérea del país (Nauru, 2004)⁶. En un futuro no muy lejano, sin embargo, es posible que todos los PIP acaben cambiando de bando y Taiwán pierda el reconocimiento diplomático de estos Estados, aunque no la presencia comercial, ante la imposibilidad del gobierno de Taipéi de competir económica con la superpotencia china.

Las relaciones RPC-Australia son las que más enjundia incorporan, por ser esta última la potencia regional por excelencia y aliado firme de EE.UU., además de una democracia liberal absolutamente consolidada, con muy alto nivel de vida, elemento que comparte con NZ. Australia y China establecieron relaciones consulares en 1909 y las diplomáticas antes incluso de la proclamación de la República Popular, en 1941. El reconocimiento diplomático de la RPC aconteció en 1972, rompiendo con Taiwán, pese a mantener una excelente relación comercial con la isla “rebelde”, en aquél entonces y en la actualidad. Por lo demás, Australia es uno de los actores más activos en Oceanía y muy transparente al visualizar sus intereses de seguridad nacional, al incorporar un número creciente de acuerdos bilaterales con los PIP, en una acción sincronizada con los intereses de EE.UU. y con la finalidad de que ya sean estos, la propia Australia u otros Estados afines los que puedan garantizar la seguridad frente a la RPC (Paik, 2025).

El elemento clave es que la relación entre Australia-RPC ha crecido en las últimas décadas, en el ámbito político, económico y cultural, así como la participación en organismos multilaterales. La RPC es el socio comercial más importante de Australia y mantienen vigente un Tratado de libre comercio desde 2015. En esta línea de relaciones mutuas, empresas de cada país operan en el otro; los jóvenes chinos estudian en Australia y hay un flujo importante de turismo. La comunidad china en Australia es de las más numerosas en el mundo y el mandarín es el segundo idioma más hablado, elemento que no puede obviarse cuando en el censo de 2021, un total de 1,4 millones de residentes se identificaron como de ascendencia china.

Pese a todo ello, la ciudadanía australiana desconfía profundamente de la RPC; en 2018 tres de cada cuatro australianos consideraban que padecían un exceso de inversión china y casi la mitad de los australianos consideran que China puede atacar su país (2021) y el 60 % la considera una dictadura comunista “muy agresiva”⁷. Todo ello debe conjugarse con un dilema: limitar la influencia china en la zona y preservar la intensa cooperación comercial (Mouton, 2023), pero a nuestro entender, empatizar con los australianos de ascendencia china. Por ello Graham (2023) considera que Australia es el “ejemplo máximo de respuesta regional” ante China, por esa gran ambivalencia.

Aunque la relación RPC-Australia da, por sí misma, para un amplio estudio, aquí destacaremos algunos elementos que nos permiten contextualizar los principales claro oscuros a 2025.

Como hemos señalado, la interacción comercial entre Australia y RPC ha sido creciente a partir de 1976 (fallecimiento de Mao Zedong). Un dato es suficiente para comprender este paradigma; en 2009, el comercio e inversión china supuso un beneficio para cada familia australiana en torno a 4.000 dólares australianos, que se elevaba a casi 11.000 en 2011. Esta cifra ha ido en ascenso, cuanto menos hasta la crisis política entre ambos países de 2018, que luego se ha ido reconduciendo tras la pandemia del Covid.

Sin embargo, la RPC ha intentado ir más allá del comercio en su relación con Australia. En alerta permanente, los servicios de inteligencia australianos controlan las donaciones chinas a políticos locales, entre otras políticas de intromisión con origen en Pekín. Todo ello perjudicó la relación entre ambos Estados hasta el punto que en 2018 la interferencia era presente y agresiva en ámbitos como en las instituciones públicas gubernamentales, la Universidad y los medios de comunicación. La relación aún sufrió más cuando Australia se integró en la alianza AUKUS, a la que luego nos referiremos.

Otro elemento a destacar es que en 2019 se hizo público el intento chino de infiltrarse en el Parlamento australiano reclutando candidatos favorables a sus tesis; fue el denominado “complot de infiltración en el Parlamento” y los años siguientes –incluso con la pandemia del Covid- el vínculo se deterioró aún más, hasta alcanzar una “importante degradación” (Jégourel, 2020: 1).

También la opinión de Australia ha agriado el vínculo por la crítica situación de los derechos humanos en la RPC. Así fue con la condena a la represión a la minoría uigur (2019), la oposición a la ley de Seguridad nacional de Hong Kong (2020), la suspensión del tratado de extradición con Hong Kong (2020); las críticas a las elecciones en esta ex colonia (2021) o la ausencia de diplomáticos australianos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín, entre otros supuestos. La RPC replicó en el ámbito comercial, sancionando de facto las importaciones de carne de res, carbón y otros productos. La postura china ha sido, por tanto, la de una intensa coerción económica. El enfrentamiento supuso que la RPC calificara a Australia como un país que “siempre está ahí, causando problemas; es un poco como masticar chicle pegado en la suela de los zapatos de China” (Jégourel, 2020).

En 2020 la embajada de la RPC en Australia afirmó que “China está enfadada. Si conviertes a China en la enemiga, China será la enemiga”, afirmación que fue visualizada como una amenaza. Posteriormente se publicó el memorándum de las “14 quejas” (Kearlsley, 2020) calificando la relación con Australia como “tóxica” y con críticas políticas de todo tipo, acusando a Australia de legislar y gobernar contra China. El acuerdo RPC-Islas Salomón sobre seguridad y defensa no hizo más que empeorar las relaciones.

No es hasta llegados a 2022 en que se ha revertido relativamente este enfrentamiento, coincidiendo con el nuevo gobierno del primer ministro Albanese. Se reiniciaron contactos bilaterales y se ha intentado separar las cuestiones comerciales de las propias de la defensa y seguridad, como la alianza AUKUS con EE.UU. y Reino Unido. A partir de 2023 se inició el “deshielo” comercial, cuanto menos en este ámbito. La economía ha sido, así, un elemento de diálogo dado que las cuestiones de defensa afectan a la seguridad nacional y la alianza con EE.UU. es absolutamente firmes y el temor a los movimientos por parte de un régimen totalitario como el chino cala intensamente en la sociedad, pese al fructífero comercio, que no experimenta signos de agotamiento.

En este contexto, la conclusión es evidente; Australia es una sólida democracia liberal de la angloesfera, una potencial militar regional y el mayor centro económico de Oceanía, con una alianza de primer orden con EE.UU. y siempre coaligada con NZ. Pese al comercio mutuo, China y Australia están frente a frente en muchos ámbitos, incluso entre la sociedad. Las estadísticas acreditan actualmente una desconfianza profunda hacia la política exterior china (88 % de la población australiana, que contrastaba con una desconfianza del 48 % en 2018). Según el Instituto Lowy (2024) la amenaza militar china frente a Australia se creía como probable o muy probable para un 71 % de la ciudadanía y se contempla como un riesgo a la seguridad australiana por la mitad de la población⁸.

Por consiguiente, la “normalización” es y será previsiblemente relativa y con un itinerario complejo a partir de 2025, con la nueva presidencia de Donald Trump, que sin duda afectará a la angloesfera de Oceanía, los PIP y las relaciones con la RPC; las necesidades comerciales no impiden que se visualice al régimen de Pekín como una amenaza, aunque la alianza con EE.UU., Reino Unido y NZ amortigua la sensación de riesgo, aunque no impide una significativa alerta a la expansión china en los PIP y en este contexto, debe entenderse lo que trataremos en los apartados siguientes. En todo caso, tras la mejora de relaciones, Australia ha manifestado que revisó sus documentos internos de estrategia militar y de seguridad (revisión del año 2023) fortaleciendo la denominada “estrategia de defensa negativa” que comporta mayor cooperación con EE.UU. y mayor gasto en defensa (Niblett, 2024: 143). Es una Australia calificada por el expresidente Biden como “una ancla para la paz y la prosperidad” (Megerian, 2023) y que inicia un incierto rumbo bajo la presidencia Trump entre 2025-2028.

Nueva Zelanda reconoció a la RPC en 1972. El embajador chino también está acreditado ante sus territorios de Estados asociados (Islas Cook y Niue) facilitando ayuda económica a ambos. El gobierno de Wellington ha optado por la política de una “una sola China” (2007) y mantiene desde 2008 un acuerdo de libre comercio, pero sin olvidar a Taiwán, con quien mantiene amplias y provechosas relaciones comerciales mutuas.

Frente a un pasado discreto, es a partir del siglo XXI que se inició un repunte significativo comercial que en 2025 sitúa a China como el principal socio comercial neozelandés, sin contar a Hong Kong, que por sí mismo es el decimotercer socio comercial. En todo caso, pese a la discrepancia política y militar que mantienen los dos Estados, cierto es que el Acuerdo de libre comercio ha unido intereses mutuos y la supresión de aranceles chinos.

A nuestro juicio, aunque NZ es un firme aliado occidental y una democracia liberal plenamente consolidada y con un elevado nivel de vida, ha asumido un perfil de más bajo tono. Recibe información de los proyectos AUKUS y hay una fluida relación de inteligencia de seguridad en el seno de la angloesfera. La apuesta de NZ es indudablemente pro occidental pero su menor tamaño hace que la potencia regional siga siendo Australia.

Tal como manifiestan los analistas (Young, 2023:3), NZ es un socio leal de Australia y conforman las dos una alianza imprescindible y han contraído obligaciones formales de defensa. Una vinculación de beneficios e intereses mutuos, también frente a la RPC, con divergencias temporales calificadas de “oposición leal” dada la fuerte personalidad neozelandesa, que hace que Australia considere a su vecina como una potencia de pequeño tamaño con capacidad limitada en diplomacia, comercio y defensa, pero con un vínculo mutuo inescindible en el seno de la angloesfera de Oceanía.

Young (2023) resalta esta “oposición leal”, que conforma la fortaleza de las dos democracias liberales. Recordando a Malcolm McKinnon, la “independencia de intereses” y la “oposición legal” permite una diplomacia propia neozelandesa, que se basa en no imitar la retórica política australiana hacia la RPC para evitar un efecto contraproducente, no asumiendo una escalada de gastos militares –opción respetada por Australia- y aceptando su papel de “pequeña potencia regional”, pero sin olvidar que los dos países comparten oportunidades, desafíos y dinámicas similares frente al régimen de Pekín; aunque los medios empleados en ocasiones han sido diferentes, no debe exagerarse el disenso, pues participan de muchos elementos comunes, aunque la diplomacia australiana se califica como propia de una “potencia media más directa” y la de NZ asume la función de “sutil y de menos recursos” propia de una pequeña potencia regional (Young, 2023: 8)

Sin perjuicio de lo que indicaremos más adelante, lo cierto es que, para la RPC de la tercera década del presente siglo, el continente de Oceanía asume ya una gran importancia –aunque sin incurrir exageraciones propias del desconocimiento de la realidad de la zona- si bien el contrapeso de Australia, NZ y EE.UU. entorpece el avance de Pekín en la zona.

Sin embargo, no todo depende del interés chino, sino también a intereses de los PIP. Estos desean una pluralidad de países en sus relaciones, para evitar una dependencia casi en exclusiva de Australia y EE.UU., sin caer tampoco en manos de China de manera incondicional y de ahí el relativo juego que siguen manteniendo aún con Taiwán. Para la RPC, la ubicación geográfica de los PIP es de gran importancia, focalizada en gran medida en el transporte marítimo y el tráfico libre de mercancías, que se califica en Pekín como una cuestión de seguridad nacional (Xi, 2004: 80 y Collins, 2014: 26).

A nuestro juicio, y pese a la dificultad de unificar criterios, dada la naturaleza individual de cada Estado que conforman los PIP, creemos que podemos destacar algunos elementos significativos de la relación entre la RPC y estas pequeñas y micro naciones soberanas.

En primer término, hemos de destacar que a partir de 2008 la RPC y algunos PIP pusieron en marcha el “Foro de Cooperación y Desarrollo económico”. En este ámbito, se favorece la cooperación económica, los préstamos preferenciales, los acuerdos de supresión de aranceles comerciales y la cancelación o renegociación de la deuda. A ello se une visitas de altos dirigentes chinos a países de la zona, como Xi Jiping a Fiji (2014) y Papúa (2018). Una presencia que no tiene marcha atrás, aunque si frenos fijados por EE.UU. y Australia. Esta competencia de presencia es permanente entre los PIP y la RPC y los citados países de la angloesfera, sin olvidar el menor papel que también desempeña Francia.

No puede olvidarse que en esta cooperación se plantea una cuestión “identitaria” de proximidad –relativa y muy cuestionable a nuestro juicio, salvo que entren en juego los sobornos y apoyos económicos individuales- entre las diversas élites china y aborígenes oceánicas, los vínculos económicos, comerciales, políticos –como el apoyo chino a las islas en la ONU- y geopolíticos, sin olvidar, por supuesto, la “diplomacia del cheque”, ya analizada. Es, por consiguiente, difícil establecer patrones comunes muy generalizados, aunque si líneas relativamente homogéneas, como es que en el futuro los PIP mantendrán su política de “baile de parejas” con la angloesfera oceánica, EE.UU. y la RPC, en función de sus intereses particulares.

En segundo término, y lo consideramos como un elemento muy a destacar, si se analizan las relaciones de la RPC con los PIP, no se acredita una diferencia sustancial con la política global de China hacía naciones poco desarrolladas en lo social y la economía, como así sucede en África y América Latina, y en su zona de influencia en Asia, lo que no impide que se vea a la RPC como un “país depredador” a la búsqueda exclusiva de su interés económico y militar, aunque ello es más bien una óptica occidental que no casa siempre con la realidad (Armel, 2021: 1 y 25-26).

Excepto en el caso de Australia y Nueva Zelanda, que se ubican en el primus inter pares de las democracias liberales del planeta, los PIP son países empobrecidos y algunos con ninguna influencia internacional, por lo que el comercio global RPC-PIP que alcanzó casi 8.000 millones de dólares en 2019 no es especialmente significativo, máxime cuando es PNG el principal socio (2022) con un 40 % del total del comercio citado (Arco, 2023: 79). El 90 % de las inversiones chinas se dirigen a PNG, un país claramente alineado con Australia, pero también calificable como “Estado fallido” en cuanto a seguridad interna, delincuencia y servicios públicos. Por lo demás, Oceanía –si exceptuamos Australia y NZ- solo supone el 0,2 % del comercio mundial de la RPC. Por ello, concordamos con Arco (2023: 79) que el interés de la RPC con los PIP es mucho más geoestratégico, militar y de seguridad que estrictamente comercial.

Respecto a lo anterior, hay dos datos a destacar muy significativos; la ayuda china no supone condicionalidades de reformas políticas democráticas para quien las recibe –en Oceanía y en el resto del mundo- salvo el reconocimiento diplomático y la obligada ruptura con Taiwán. La ayuda al desarrollo sumó unos 3.700 millones entre 2008 y 2020, destacando en primer término PNG (964 millones) y en torno a los 300-400 millones para Fiji, Samoa y Tonga. Sin embargo, estas cifras palidecen frente a las potencias regionales occidentales; así, solo el 9 % de la ayuda recibida procede de China, mientras Australia alcanza casi el 40 %. Del total Parece, por lo demás, que la ayuda china descenderá en el futuro (Smith, 2021) dada la irrelevancia de los PIP, salvo en cuestiones clave vinculadas más a asuntos de seguridad y defensa.

Un tercer elemento a tener en cuenta en la debilidad de la presencia china es que la ayuda al desarrollo se basa fundamentalmente en créditos, lo que implica la creación de deuda para los PIP y que obliga en no pocas ocasiones al aplazamiento de su devolución. Además, muy a menudo esta ayuda no es “política de Estado” sino resultado de intereses específicos público/privado chinos. Prueba de lo anterior es que muchos proyectos son impulsados desde la provincia china de Guangdong –origen de gran parte de los ciudadanos chinos residentes en Oceanía- y por empresas específicas de construcción y portuarias. Como indica Arco (2023), la mayoría de los proyectos cuenta con el apoyo de empresas y políticos locales de Oceanía y contratistas chinos.

El resultado de todo lo expuesto ha sido una mezcla de éxitos y fracasos, si bien ad futurum, la inserción de Oceanía en la “Ruta de la Seda Marítima” puede dar pie a una mayor coherencia inversora. En todo caso, hoy por hoy, el potencial de Australia y EE.UU. sigue en primer término, pero sin olvidar que la RPC está en tercer puesto y en algunos casos en primero y segundo; así, la mitad de las exportaciones de Micronesia se dirigen a la RPC y hay un fomento claro chino de su diplomacia en el corredor estratégico de Micronesia a Fiji, pasando por las Islas Salomón y Vanuatu (Mouton, 2023).

Ello nos lleva a una cuarta consideración, si bien volveremos a ello en su momento. La gran pregunta a resolver es si la RPC ha optado por la priorización de los PIP frente a Australia y NZ; todo apunta a una respuesta negativa, aunque con matices, dado el potencial que suponen estos dos países de la angloesfera, que hace palidecer a los PIP en su conjunto. Algunos analistas consideran que no parece que haya una decidida prioridad económica, política o estratégica de la RPC sobre los PIP (por todos, Zhou, 2021); sin embargo, este criterio es cuestionable conforme nos aproximamos al 2030, dándose progresivamente quizá un cambio de paradigma. La alarma aconteció con el acuerdo entre la RPC e Islas Salomón (2022) en el ámbito policial y militar. Otras alertas de interés militar constan en la “Visión común para el desarrollo” ofrecida por China (2022) a los Estados oceánicos, que lo rechazaron y que supuso una clara oposición por parte de la angloesfera y EE.UU.

Al respecto no hay fisuras en el acuerdo de EE.UU., Australia y NZ para oponerse al programa de la RPC. Es una línea roja que no parece que vaya a alterarse, más bien al contrario, si bien la errática política de la Administración Trump para 2025-2028 no permite tampoco efectuar conjeturas sólidas.

Al respecto, consideramos que tanto EE.UU. como Australia y NZ no dudan a la hora de interferir en la firma de acuerdos estratégicos de telecomunicaciones entre la RPC y los PIP, un aspecto que se eleva a grado de obsesión para el régimen de Pekín, por lo que suponen –entre otros elementos- los cables submarinos de fibra óptica que cruzan Oceanía y transportan el tráfico de Internet y comunicaciones; igualmente, hasta el 2024, se han opuesto sin reservas a nuevos acuerdos isleños de seguridad y militar de los PIP con el régimen de Pekín y, a su vez, han fomentado los propios, como el Acuerdo PNG-EE.UU., en donde el quid pro quo ha sido la posibilidad de una presencia militar ilimitada norteamericana en Papúa, a cambio de la construcción de infraestructuras o la apertura de embajadas que responden a criterios exclusivamente de imagen y presencia. Todas ellas son iniciativas que desagradan a Pekín (Arco, 2023: 81) a lo que no es ajeno un juego de estrategia de los PIP, en ocasión muy hábil; muchos de los dirigentes de Oceanía han agrandado la influencia china en sus declaraciones, a fin de implicar de nuevo a EE.UU. y Australia en la zona y obtener ventajas de todo tipo, superando la subordinación del pasado.

Ello nos lleva a otra consideración, que no es menor. Este comportamiento se califica de “política del Pacífico Azul” (Blue Pacific) que crea alianzas entre los PIP en función de sus exclusivos intereses, como el cambio climático. El término "Pacífico Azul" se creó para describir a Oceanía, sus naciones insulares y sus intereses colectivos. El término fue utilizado por primera vez en 2017 en el Foro de las Islas del Pacífico en Samoa por los líderes de los PIP. El concepto del Pacífico Azul se basa en la idea de que Oceanía y sus naciones insulares no son solo una colección de estados individuales, sino una entidad única e interconectada que está unida por una geografía, una cultura y desafíos compartidos (Storey, 2022) y se define con mucha claridad por parte del antropólogo tongano Epeeli Hau’ofa: “Oceanía somos nosotros. Somos el mar. Somos el océano. No deberíamos definirnos por la pequeñez de nuestras islas sino por la grandeza de nuestros océanos”.

Arco (2023) y Kabutaulaka (2021) destacan que con esta política los PIP ejercen la soberanía y defienden su forma de vida e identidad, adoptan decisiones de forma colectiva frente a los grandes actores globales y ejercen una acción también colectiva en las políticas que aprueban, creando en la medida de sus posibilidades una relativa muralla frente a la RPC, Australia y EE.UU.

Prueba de ello es que muchos PIP han rechazado la influencia de la RPC en no pocas ocasiones, pero también la de Australia y EE.UU. cuando se han sentido minusvalorados, lo que ha sucedido a menudo, especialmente hasta inicios del siglo XXI. Así, sigue habiendo tres Estados que solo reconocen a Taiwán (Islas Marshall, Palau y Tuvalu) y no han cedido frente a la RPC, de igual forma que las Islas Solomon firmaron un pacto de seguridad con China, pese a la fortísima presión de todo tipo que llevaron a cabo no solo EE.UU. y Australia, sino también Japón, aunque el vínculo se ha revertido en 2024 a favor de la angloesfera. Retomamos así la afirmación del Foro de las Islas Pacífico, según la cual cualquier Estado ajeno al grupo de las naciones del Pacífico que no asuma la “habilidad colectiva para pensar, vivir, participar y contribuir en la región del Pacífico Azul” no podrá dialogar con mutuo respeto, un mensaje que debe entenderse tanto dirigido a la RPC como a EE.UU. y Australia⁹. Como puede observarse, NZ en este debate ha sabido mantener un perfil mucho más empático con los PIP, sin olvidar sus fuertes lazos con EE.UU. y su vecino australiano.

Otro elemento a tener en cuenta, y que a nuestro juicio debe analizarse con detalle, es sobre si la presencia presente y futura de la RPC tiene un potencial recorrido al alza o está condenada a reubicarse en un término medio, siempre inferior a EE.UU. y Australia. Lechervy (2015: 72 y ss.) denomina a esta consideración como la necesaria atención hacia las “exageraciones” sobre la influencia de la RPC, por razones muy diversas, que a menudo se olvidan.

Un primer razonamiento es de puro de orden geográfico. La mayoría de los Estados y territorios de Oceanía se sitúan a más de 5.000 km de la RPC. Militarmente, en relación a las tres flotas chinas (la del Norte, Este y Sur) hay países que se ubican a más de 6.000 y 7.000 e incluso 10.000 km. Nueva Zelanda, por ejemplo, se distancia a más de 10.000 km de la flota china del Norte y entre 7.000 y casi 10.000 de las flotas del Este y Sur. A ello es preciso añadir que los territorios más cercanos son íntimamente aliados de los EE.UU., como Palaos, entre 2.800 y 3.400 km de distancia de las flotas chinas o las Islas Marianas del Norte, a casi 5.000 km de la RPC. Los territorios franceses se sitúan a ocho horas de vuelo de los mares de China. Es lo que se denomina “tiranía de la distancia”, que dificulta en gran medida que la RPC opte por una supremacía militar sobre EE.UU., que posee un gran “portaaviones” en la zona, Australia. Valga decir, a término de ejemplo, que la distancia entre Moscú y Nueva York es de 7500 km. o que entre Pekín y Londres es de 8.000 km.

El segundo revés que debe afrontar el régimen de Pekín es el diplomático, que ya en parte hemos analizado; no todos los PIP han roto con Taiwán y otros mantienen relaciones comerciales muy fluidas, como Australia y Nueva Zelanda, a través de oficinas de representación, un modelo muy similar al que Europa mantiene con Taipéi. En cuanto al orden militar, lo tratamos en el apartado correspondiente de este documento, pero avanzamos que la potencia occidental en la zona es una muralla sólida, con una alianza militar, defensiva y de inteligencia que la RPC no puede superar al no poder contar con un aliado del nivel de los países de la angloesfera ni tampoco con Francia en sus territorios en Oceanía.

Finalmente, consideramos que hay un fuerte elemento cultural, que no puede olvidarse, poco analizado en los estudios que se publican. El modelo chino es infinitamente menos atractivo que el de la democracia occidental, especialmente entre la juventud de los PIP. A ello se une una forma de vida, cosmogonía y cultura de estos países en donde muchos valores son más próximos a la democracia liberal que al modelo autoritario chino, aunque posiblemente la relación con ellos debe ser no tanto de cohonestar su modelo finisecular con el propio de Occidente, sino el de respetar las peculiaridades culturales, sociales, familiares e idiomáticas de una zona del planeta de gran riqueza cultural y singularidad milenaria. En este dilema, un mayor trato de “tú a tú” de la angloesfera y de Francia en la zona puede tener mucho más recorrido que la mentalidad china, quizá con la excepción de Taiwán, uno de los países de Asia del Este con instituciones y sociedades profundamente democráticos y que se ha acercado a los PIP de forma empática.

Los dos territorios franceses en Oceanía son Nueva Caledonia y Polinesia, ésta última con gran proyección turística. Sobre ellos también la RPC ha mostrado interés, tal como afirmó el presidente Macron en su visita de 2023 al afirmar que “China despliega una presencia más y más fuerte” y algunos análisis indican que este territorio es una “pieza maestra” en el proyecto chino de influencia oceánica, una zona que posee entre el 20/30 % de las reservas mundiales de níquel y con elevado índice de independentismo aborigen (especialmente en Nueva Caledonia¹⁰).

China es un riesgo para los intereses franceses pues se teme a largo plazo una marginalización de la metrópoli (Lincot, 2023) y una presencia importante de descendientes de chinos continentales bien situados en puestos claves, que emigraron a Polinesia a partir de 1865 y son en la actualidad el 5% de la población. No obstante, este riesgo debe aquilatarse, por la gran distancia geográfica con China y el hecho que contando con Polinesia y Nueva Caledonia¹¹, Francia es la segunda potencia marítima del mundo, en extensión de sus zonas económicas exclusivas. A nuestro entender, el interés chino es más económico que militar, por cuanto la potencia militar francesa –un Estado nuclear- impide cualquier intento de subversión o interferencia grave en estos dos territorios, aunque la situación interna en Caledonia se ha complicado progresivamente con la población autóctona y sigue abierta en 2025, tal como el propio presidente Macron ha reconocido¹².

No obstante, el discurso chino seduce en algunos elementos a los autóctonos caledonios y polinesios y descendientes chinos. Muchos habitantes están fascinados por los logros económicos en la RPC. Hay también indicios de que Pekín subvenciona a los partidos independentistas locales y se relaciona bien con las élites locales caledonias.

Francia ha optado por la “estrategia del loto”, como el Acuerdo con las Islas Salomón (2022) un país ubicado entre Nueva Caledonia y la Polinesia, implantándose en el centro e intentando que “los pétalos de loto finamente florezcan y suavemente extiendan su poder de influencia en la zona francófona” (Lincot, 2023). Esto es, un recurso al “poder blando” francés.

Aunque las realidades de Polinesia y NC son distintas –les separa una distancia de casi 5.000 km-, Francia es un “contra modelo” al chino, aunque tiene graves y crecientes dificultades con la población autóctona de Caledonia. Uno de las fortalezas francesas es el apoyo a la biodiversidad y la pluralidad cultural, lo que colisiona con la perspectiva china y la potencia del idioma francés, que ofrece grandes posibilidades a los jóvenes que emigran a Europa. Por lo demás, el gobierno de París se plantea fomentar la independencia económica de la población en relación a la metrópoli, una versión inteligente para oponerse a la RPC, a lo que se une que la democracia está implantada en los dos territorios, aunque se debilita en Caledonia por el fuerte sentimiento nacionalista de los canacas aborígenes y su pulsión independentista¹³.

En cuanto al interés de la RPC sobre Polinesia, este se retrotrae a la década de 1980. La presencia está siendo, hoy día, de tipo económico, con la compra de hoteles de lujo e implantando una red diplomática consular y con intereses también en zonas de reproducción de pescado. Pese a esta perspectiva comercial, no puede negarse el que se considera “verdadero objetivo” de la RPC, cual es ampliar su campo de influencia hacia cualquier territorio de Oceanía. Polinesia, así, se considera una autovía estratégica para la expansión china (Viguié, 2022) creando una ruta entre China y el continente norteamericano y la Antártida.

Ante ello Francia vigila y reacciona tanto a los planes económicos como a la expansión de la diplomacia china cuyos ejemplos son el consulado chino en Tahití, la creación de la Asociación de amistad china-polinesia, apertura de un Instituto Confucio en Papeete, ayuda médica durante la pandemia de la covid-19, a fin de sustituir a Francia en el papel de protección de la población.

Por ello, Francia ha decidido ser ejemplar y empática con las poblaciones locales, pese a un pasado complejo con los ensayos nucleares en Oceanía y la dificultad de gestionar la herencia colonial. Y en este pacto político ad futurum, Taiwán está decididamente a favor de Francia, a diferencia de la RPC. Pero en la presente década, la pugna Francia-RPC alcanza diversos ámbitos con un resultado impredecible. Ello se constata en la influencia china en la clase política local y también en los medios de comunicación para optimizar sus políticas comerciales y a ello se une el retraso de Francia en responder a los actos –a menudo predatorios- de las inversiones chinas en zonas protegidas naturales, que requieren una contraofensiva gala.

La conclusión es que en este contexto los elementos militares y de seguridad están en un segundo plano y la contraposición de intereses es en otros ámbitos; para la RPC, se trata de aumentar su influencia mediante una política “sabiamente orquestada” a largo plazo, con inversiones estratégicas, conocimiento de la clase política, difusión de la “bonanza china” en las inversiones y fomento de los institutos culturales chinos. Francia se opone y seguirá haciéndolo a través de medidas de presión y freno ante la RPC y optando por responder a las necesidades de Polinesia, en el ámbito económico y social, con inversiones de interés general (Viguie, 2022) y defendiendo su modelo cultural y democrático, frente a una China totalitaria.

Niblett (2024) califica a su monografía “La Nueva Guerra Fría” como un estudio en donde la Guerra Fría del siglo XXI es entre EE.UU. y la RPC, que ha sustituido a la extinta URSS o la actual Rusia.

Posiblemente un punto de inflexión de la lucha entre EE.UU. y la RPC en los territorios insulares soberanos se concretó en abril de 2022, cuando Pekín firmó un acuerdo de seguridad por el cual las Islas Salomón permitían a la flota militar china recalar en sus puertos y la policía local recibiría formación externa, a fin de dar respuesta a los disturbios internos.

La reacción norteamericana y australiana fue clara, ante el riesgo de que Salomón se convirtiera en un “portaaviones” chino en Oceanía. Por ello, los países de la “angloesfera” oceánica y los EE.UU. han debido cambiar el rumbo de sus respuestas presentes y futuras. En el fondo subyace un cambio de paradigma chino: las rutas marítimas y el tráfico comercial eleva el nivel geoestratégico en la importancia de Oceanía (Yu, 2015:19) y prueba de ello es el contraataque de EE.UU. y Australia, como acredita que en diciembre de 2024 se anunció un fondo de 114 millones de euros de Australia a las Islas Salomón para modernizar la policía, bajo la premisa expuesta por el gobierno de Camberra que “tenemos acuerdos con las Islas Salomón y parte de ellos consisten en garantizar que Australia siga siendo el socio preferente en materia de seguridad”¹⁴, a fin de reducir “la dependencia de socios externos con el paso del tiempo”¹⁵.

Así, estos pasos de la RPC se han cortocircuitado con una mayor presencia política de EE.UU. en la zona, con visitas de alto nivel político no solo a Australia y NZ sino también la firma de tratados de seguridad con PNG –el segundo país en población de Oceanía-, en línea al que se mantiene con Filipinas, lo que permite al Ejército norteamericano desplegarse en bases militares de Papúa. Con ello se autoriza a la marina norteamericana a abordar barcos en la zona para la lucha contra la pesca ilegal y el tráfico de narcóticos, compartiendo además datos de los satélites. Así los tres territorios oceánicos (Australia, NZ y PNG) de mayor extensión se mantienen en órbita norteamericana, a la espera sin duda de cómo puede afectar una hipotética política aislacionista de la Administración Trump entre 2025-2028.

A ello se sumó también en 2023 la renovación de pactos de libre asociación de EE.UU. con Micronesia y Palaos, que refuerza por tanto la presencia económica. Estos acuerdos permiten también el uso de las aguas territoriales por parte de las fuerzas norteamericanos. Hay que tener presente que la zona de agua de los PIP abarca una zona idéntica a todo el territorio de EE.UU., ubicados cerca de las Islas Marianas y Guam, que cuentan con bases estadounidenses. Los informes de la Corporación RAND definen estos acuerdos –denominados COFA- como una “gran autopista de proyección de poder” (Grossman, 2023) ante un posible ataque de la RPC a Taiwán o un conflicto en Corea. Esta ventaja aumentará si Micronesia y Palaos permiten construir bases militares en sus territorios y se confirmara que en 2026 EE.UU. instale nuevos radares militares de alerta temprana en Palaos.

El segundo elemento a tener en cuenta abarca tanto a Australia y NZ como la gestión diplomática de la RPC en Oceanía.

Las relaciones de EE.UU. con los dos países de la angloesfera de Oceanía son excelentes pese algunas disputas con NZ. Australia es un aliado permanente y NZ se califica de socio cercano, aunque como hemos señalado el periodo 2025-2028 puede ser complejo según sea el nuevo derrotero de la Administración Trump. Los planteamientos geoestratégicos de los tres Estados se complementan perfectamente y permiten excluir –o intentarlo- a la RPC de la región. Además, el principal organismo común de toma de decisiones de Oceanía, el “Foro de las Islas del Pacífico”, integra como miembros de pleno derecho a ambos Estados. Aunque el Foro funciona por consenso, hay un peso decisivo de Australia y NZ. De ahí que ante la presión de ambas, las Islas Salomón debieron aceptar que no habría presencia militar permanente china en su territorio y desde 2025 se ha revertido la anterior política, tal como hemos expuesto.

En esta línea, EE.UU. fomentó que Australia firmara un acuerdo de seguridad con Vanuatu (2023) y un posterior tratado de defensa con PNG y está en vista un próximo pacto de igual estilo con Kiribati, muy en disputa por las inversiones chinas, pero en donde el gobierno australiano está haciendo fuertes inversiones para proteger las costas de este país, ante la subida del nivel del mar. Mientras, NZ estudia planes de seguridad marítima con las Islas Salomón y un proyecto de defensa con Fiji. En 2024 Australia ha firmado pactos de seguridad y ayuda con Tuvalu y Nauru, que otorga poder de veto sobre posibles acuerdos futuros con terceros países por parte de estos PIP, no ajenos a controversia por lo que implican de limitar la capacidad en asuntos exteriores y seguridad de los mismos (Schleich, 2024).

Por ello, frente a un relativo desconcierto de la diplomacia china se visualiza que EE.UU. ha tomado la iniciativa en Oceanía, de la mano de Australia. En septiembre de 2023, EE.UU. y las islas de Oceanía firmaron un Acuerdo de seguridad marítima en una histórica cumbre en la Casa Blanca, con la presencia de Joseph Biden, que puede ponerse en peligro en el segundo mandato de Trump. El texto menciona posibles futuras “contingencias y amenazas emergentes”, que los analistas consideran una referencia directa a China. No obstante ello, hay carencias que se revelan como significativas, como la escasa diplomacia presidencial norteamericana con los líderes de los PIP (Pohle, 2024) –a diferencia de la actitud personal de Xi Jiping- si bien el periodo 2020-2024 las visitas de alto nivel de EE.UU. a los PIP han sido innumerables, así como la apertura de embajadas en Tonga, Kiribati, Vanuatu e Islas Salomón.

Por tanto, en esta línea, no extrañó la visita del Rey Carlos de Inglaterra a Australia y Samoa en octubre de 2024 para señalar la importancia que significa Oceanía para el gobierno de Londres. No debe olvidarse que la British Commonwealth of Nations está integrada por diversos países de Oceanía (Australia, NZ, Samoa, Kiribati, Fiji, Islas Marianas, Tonga, Vanuatu y PNG).

Por contra, los analistas de la zona consideran que la diplomacia china tampoco ha logrado los éxitos que tenía en mente, pese al intento de ofrecer una imagen de diplomacia pacífica y responsable y respetuosa con la soberanía de todos los Estados, por pequeños que sean (Li, 2014: 33) y el esfuerzo personal de Xi Jiping. El recorrido del ministro de exteriores de la RPC entre mayo y junio de 2022 en su visita a ocho estados isleños de la zona no obtuvo su finalidad, cual era promover una visión común del desarrollo, aunque de forma sutil y confidencial. Así, mientras EE.UU. se refiere en público a políticas de seguridad, la RPC no parece tener capacidad de plantearlo ni tan siquiera en privado, pese a visitas personales de Xi Jiping, lo que sin embargo no ha hecho ningún presidente norteamericano. Una conclusión de ello es que EE.UU. ha avanzado en establecer relaciones de confianza y buena voluntad en Oceanía a mayor nivel que la RPC, pero aun así tiene carencias importantes que sitúan a Washington en una posición más débil de lo que pudiera esperarse (Pohle, 2025) y que no se avecina mejor con la Administración Trump 2.0.

En este debate, concordamos con Grossman (2023) que la RPC ha cometido diversos errores en su política con los PIP. En primer término, el pacto unilateral con las Islas Salomón encendió todas las alarmas, máxime cuando se fraguó en secreto y solo se hizo público al filtrase a los medios de comunicación. Ello produjo rechazo en determinados PIP por las concesiones dadas a la RPC y se consideró un debilitamiento de la cohesión suprarregional en materia de seguridad. Samoa expresó una evidente desaprobación de un sentimiento colectivo en términos tales como “¿será esta una tendencia en la que, debido a que un país ha ayudado y tiene activos, ello se convierta en una oportunidad o una ventana para que entren militares?”¹⁶ y el resultado ha sido activar la cooperación de Australia y NZ con estas Islas.

En segundo lugar, las visitas diplomáticas chinas a partir de 2022 volvieron de nuevo a poner el foco en la política de Pekín. La táctica china de tratar asuntos en público, pero también de forma ajena al “Foro de las Islas del Pacífico” no agradó a muchos Estados, algunos de los cuales siguen apoyando a Taiwán, pero debe reconocerse que el gobierno de Pekín fomenta el trato individual con los presidentes de los PIP, a diferencia de EE.UU. (Pohle, 2025). Así, la presidencia de Micronesia calificó las propuestas chinas como una “cortina de humo para una agenda más amplia” con el objetivo chino de controlar la “seguridad tradicional y no tradicional” oceánica. Este posicionamiento ha sido adoptado por otros Estados, como Fiji, que rompió el acuerdo de capacitación policial con China, incorporando referencias de hondo calado político: “nuestro sistema de democracia y justicia son diferentes [al de China] por lo que volveremos a los que tienen sistemas similares a nosotros”. La fuerte conciencia insular nacionalista frente a injerencias externas permite comprender la expresión planteada por Henry Puna, secretario general del Foro de las Islas, al declarar que “si alguien sabe lo que queremos, lo que necesitamos y cuáles son nuestras prioridades, no son otras personas, somos nosotros”.

No extraña, por tanto, que los norteamericanos consideran que la RPC tiene una agenda secreta para Oceanía, en el ámbito comercial pero sobre todo de seguridad y defensa. Por ello, la ampliación del muelle en Vanuatu, ya pactado, fue anulada ante las dudas de EE.UU. y Australia de que éste pudiera albergar una futura base naval china. De mutuo acuerdo, ha sido NZ quien financia ahora el nuevo muelle y da alas a la presencia de las fuerzas marinas de la angloesfera.

Esta diplomacia china confusa lleva incluso a acciones reactivas de los países aliados de la RPC, muy evidente en el supuesto de Islas Salomón, tal como hemos expuesto. Un acuerdo secreto que pretendía arrendar por 75 años la isla de Tulagi fue anulado cuando salió a la luz pública. Este trabajo diplomático secreto chino es una tónica que se da con otros países pero que produce resultados contraproducentes al menos en Oceanía. Otro supuesto ha sido la construcción de una pista de aterrizaje china en Kiribati, a casi 3000 km. de Hawái, bajo la excusa de fomentar el turismo chino, pero inaceptable para la seguridad y defensa norteamericana.

Por lo demás, una de las debilidades chinas, ya mencionadas anteriormente, es la gran distancia de todos los países de Oceanía de China o de las flotas marinas del Norte (Qingdao), Este (Ningbo) y Sur (Zhanjiang). La flota china tiene grandísimas dificultades para lograr un puesto estable en el mar de Oceanía, con visitas esporádicas por rutas que son muy lejanas. En este sentido, parece común aceptar que la RPC no posee medios para contestar la “superpotencia militar” americana en Oceanía, con espacios insulares que son percibidos como fundamentales para la seguridad nacional norteamericana y australiana (Lechervy, 2015, 73). Cuanto menos, esta es la conclusión que puede deducirse a mediados de la presente tercera década del siglo XXI, aunque los esfuerzos chino para incrementar su flota militar son inmensos¹⁷ y el cambio de paradigma puede estar muy próximo.

No obstante, no todo el debate EE.UU.-China-Oceanía se basa en cuestiones de seguridad y defensa. Si bien en este ámbito EE.UU. supera con creces a la RPC no puede afirmarse lo mismo en el ámbito económico e incluso diplomático.

La presencia diplomática china en la zona es mucho mayor, solo compensada por el esfuerzo de Australia y Nueva Zelanda. Pese a ello, la diplomacia norteamericana se ha espoleado en la etapa final de la Administración Biden. Ello se articula a través de la apertura de legaciones diplomáticas en Estados que realmente no merecerían, en otro contexto, una representación permanente, como la nueva embajada de EE.UU. en Islas Salomón –cerrada durante treinta años- o representaciones en Tonga y una futura prevista en Kiribati. La incógnita del planteamiento es el segundo mandato de Trump (2025-2028), que puede poner en peligro esta línea marcada por la Administración Biden.

El resultado es una zona gris, tanto para EE.UU. como para la RPC, con éxitos y fracasos y situaciones intermedias, a menudo coyunturales. En general, debemos reconocer que las iniciativas económicas y empresariales chinas obtienen éxito, fundamentalmente porque la gran mayoría de los PIP son muy pobres y de escaso tamaño, con la excepción relativa de Fiji, lo que permite grandes resultados con escaso esfuerzo para Pekín. Frente a ello, el denominado “Marco Económico para la Prosperidad del Indo Pacífico”¹⁸ puesto en marcha por la Administración Biden-Harris fue menos atractivo. A 2024, en Oceanía solo Fiji se ha adherido, además de Australia y Nueva Zelanda.

La incógnita a partir de 2025 sigue muy abierta con un cambio de presidencia en EE.UU. y mucho hace temer que la crítica formulada a la Administración Biden, de relativo trato de segunda mano a los PIP, puede ser más intensa con la nueva Administración Trump 2.0, Como ya hemos señalado, mientras Xi Jiping visitó Fiji en 2014 y PNG en 2018, ningún presidente norteamericano en funciones ha visitado jamás un PIP, a lo que hay que añadir la cancelación de la visita de Biden en 2023 a PNG cuando muchos líderes de los PIP habían planeado acudir a la cita, desairando al país anfitrión y socavando la confianza con el compromiso norteamericano con la zona (Pohle, 2024).

Finalmente, todo este debate político, militar y económico es paralelo a un elemento especialmente crítico para los PIP, cual es el cambio climático, un problema que debemos calificar como “existencial” en ese continente, en donde algunos PIP desaparecerán en este mismo siglo XXI. Ello, en la desgracia que supone, da ventaja a EE.UU. y Australia y NZ. La Administración Trump negó el problema hasta 2020, pero el equipo Biden-Harris actuó hábilmente al financiar masivamente las inversiones en energía limpia entre 2020 y 2024; sin duda, si con el nuevo mandato de Trump se recupera el ideario negacionista, los países oceánicos padecerán de forma relevante. Frente a ello, la RPC no ha sabido, hasta el momento, enfrentar el problema en estas islas y darles apoyo. Ello ha sido una ventana de oportunidad para EE.UU. y sus aliados, pero a partir de 2025 se puede perder esta gran ventaja si el aislacionismo norteamericano prevalece.

La conclusión que podemos aportar es que, aunque con luces y sombras, EE.UU. mantiene una gran ventaja en Oceanía y son muchas las voces que consideran que la política de seguridad china en la zona no debe alarmar, aunque tampoco caer en la autocomplacencia (Niblett, 2024). Si los PIP no pueden hacer frente, por si mismos, a la agresividad o coerción china, es fundamental el apoyo de EE.UU. y Australia como democracias liberales que tienen intereses comunes, como lo es también el de Nueva Zelanda, Reino Unido y Francia, así como el apoyo de países más lejanos, como Japón y Taiwán. De hecho, los aliados de EE.UU. –Australia, Japón y una Corea del Sur cada vez más activa en Oceanía- se están interconectando entre ellos y además con la OTAN, a fin de gestionar entre todos las amenazas con origen en la RPC –y las de Rusia, en mucha menor medida- (Niblett, 2024, 131).

Este grupo de primer y segundo nivel, al que podría unirse PNG, garantiza el statu quo militar y de seguridad de la zona, por extensa geográficamente que sea. Si a ello se une un apoyo a la política climática –como ya hacen Australia y NZ- y ayuda al desarrollo sostenible será factible mantener el perfil alto de la angloesfera, si logra transmitir que su interés en la zona es ayudar a los PIP, para que ellos mismos asuman las riendas de su futuro en forma de democracias liberales de perfil propio, más que una política coercitiva que podría ser repudiada por naciones pequeñas con gran personalidad aborigen.

No puede cerrarse este documento sin una referencia, aunque sea breve, sobre las alianzas militares denominadas “Anzus” y “Aukus” y la colaboración de las diversas agencias de inteligencia occidentales, todo ello en un contexto de gasto militar no significativo en la zona, como es que Australia dedica el 2,2% del PIB a la defensa, mientras NZ se sitúa en el 1,5% y va en descenso, en tanto que en Fiji es del 1,4% y el resto de PIP apenas efectúan gasto. Australia y NZ intentan llegar los vacíos en este ámbito, pero se requiere la participación de EE.UU. y, también, de Francia.

Anzus, acrónimo de Australia, NZ y EE.UU., es una alianza de la angloesfera como Estados coaligados con el Reino Unido a fin de proteger militarmente al Pacífico Sur, creada en 1951 para hacer frente a la URSS/Rusia y a una posible amenaza nuclear. Tras un periodo de reticencias entre sus componentes –NZ-, el Acuerdo revivió en 2000 aunque el pacto es fundamentalmente entre EE.UU. y Australia y sigue mirando hacia el peligro con origen en Rusia.

No obstante, para la zona es mucho más relevante el AUKUS, alianza militar entre Australia, Reino Unido y EE.UU. formalizada en 2020 y con voluntad de futuro (Niblett, 2024: 146-147) para desarrollar conjuntamente la tecnología militar de alta gama y el suministro a la marina australiana de una nueva flota de submarinos de propulsión nuclear, para frenar el expansionismo chino (Fernández, 2022: 52) y proteger una Australia que cuenta con un litoral de 32.000 km2 de costa o de 60.000 km2 si se suman sus islas (Fernández, 2022, 55).

Esta opción de compra en detrimento de los producidos por Francia ha supuesto un mayor despliegue naval francés en la zona¹⁹. La conclusión es clara: tanto EE.UU., Europa y los aliados de la angloesfera son conscientes que una parte muy significativa del comercio marítimo pasa por el mar de la China Meridional y Oriental y debe evitarse conceder esta ventaja estratégica a China asumiendo la proclama de Japón (2015) favorable a un “Indo-Pacífico abierto y libre” (Niblett, 2024: 146). Por lo demás, no se detecta un rechazo –aunque si recelo- a la coalición AUKUS en Oceanía, con alguna excepción. AUKUS es apoyada por Fiji, Micronesia, Samoa y quizá algunos otros países que no se han pronunciado en público. Es una versión “OTAN” frente a una posible “nueva Guerra Fría” con origen en la RPC (Mouton, 2023), aunque no puede evitar susceptibilidades entre los PIP, cuando acontecen pruebas de misiles balísticos, tanto por parte de EE.UU. como también de China, que sobrevuelan sus países isleños.

Todo ello sin perjuicio de la existencia, desde la II Guerra Mundial y mantenida hasta el presente de la Alianza “Five Eyes (FVEY), Cinco Ojos”, la alianza de los servicios de inteligencia de la angloesfera (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y EE.UU.), entre cuyos objetivos actuales son la inteligencia y contrainteligencia frente a la RPC. Otros países han colaborado o lo hacen con FVEY, como Israel, Corea del Sur y Japón, estos dos últimos con importantes necesidades de seguridad frente a China y también Corea del Norte. En el 2009 se barajó el ingreso de Francia y en 2013 Alemania mostró su interés en integrarse.

Desde 2018, la iniciativa “Five Eyes Plus 3”, con acuerdos con Francia, Alemania y Japón tiene la voluntad de intercambiar inteligencia para contrarrestar la RPC y Rusia. Incluso debemos tener presente la Alianza de los “Nine Eyes”, que incluirían a los cinco originarios así como también Dinamarca, Francia, Países Bajos y Noruega o la información filtrada por Edward Snowden, del acuerdo SSEUR, los “14 Eyes”, que integra a los “Nueve Ojos” más Bélgica, Alemania, Italia, España y Suecia. Todo ello da fe que el área que hemos estudiado es de gran importancia no solo para los más directamente afectados sino también otros Estados europeos y la OTAN.

Lo cierto es que a inicios de 2025 se desconoce completamente como puede ser el iter futuro en el ámbito de la defensa y seguridad que adopte EE.UU. Australia teme la incertidumbre de Washington, de tal forma que Wyeth (2025) resalta, no sin cierta ironía, que una política de “silencio estratégico” puede ser una buena opción, para pasar los cuatro próximos años, si Trump y su equipo “no saben que existe Australia” y por extensión, a nuestro juicio, NZ y los PIP. No obstante, ello es más que difícil en un contexto en que para la RPC la zona de Oceanía asciende gradualmente para sus intereses políticos, militares y económicos.

La RPC mantiene su política expansionista en la zona, al considerar que el Mar de China meridional es su área tributaria (Fernández, 2022: 62) y ser una zona vital para su estrategia de defensa marítima que puede como tal voluntad resumirse en salvaguardar su soberanía nacional, proteger sus derechos e intereses en el mar, mantener líneas seguras marítimas de transporte, poder tener acceso a los fondos marinos para cablear las comunicaciones y formar parte de los grandes poderes internacionales en el orden marítimo (Yu, 2015:9). Frente a ello, los EE.UU. y sus aliados actúan con claridad para hacer frente a las intenciones de Pekín (Fernández, 2022: 52). Por consiguiente, son diversos los actores principales, pero también con la presencia de secundarios: entre los primeros, EE.UU., RPC, Australia, NZ y los PIP, así como los territorios de soberanía francesa de Nueva Caledonia y Polinesia. En un ámbito secundario, no debe olvidarse a Taiwán, Japón o Corea del Sur, así como también la propia Unión Europea.

En esta lógica, tras 2022, la política exterior norteamericana ha tenido ante si dos amenazas: la rusa en Europa y la de la RPC de forma global y para el caso que nos ocupa en Oceanía. La agresividad de Trump frente a Pekín se ha visto ya en febrero de 2025 con la lucha comercial y nuevos aranceles, pero también con aliados firmes, como Canadá, lo que puede extenderse a los países de la angloesfera oceánica. En este contexto, la Administración Biden estuvo y calificó a Australia como “una ancla para la paz y la prosperidad”²⁰ en Oceanía y mantuvo mayor empatía hacia la zona y los PIP que la primera Administración Trump, muy ausente en estas relaciones. El segundo mandato de Trump puede romper, casi con toda seguridad, la línea de continuidad que parecía derivarse de un triunfo de la vicepresidenta Kamala Harris, tal como la mayoría de políticos analistas australianos y neozelandeses deseaban²¹.

No debe negarse que los círculos políticos y empresariales australianos deseaban una victoria de Harris. El gobierno federal australiano teme a partir del 2025 verse envuelto en una situación de “caos absoluto” en las relaciones con Trump en la presidencia (Fullilove, 2024). Para este autor, los australianos y neozelandeses se inclinan por el internacionalismo, frente al aislacionismo de Trump. Las críticas van en el sentido que el primer Trump despreció la defensa colectiva de la zona y manejó de forma descuidada la inteligencia que los aliados de la angloesfera oceánica proporcionaron a Washington.

La opinión generalizada es que este descuido de las alianzas puede ladear la balanza hacia China, cuanto menos en los dos o tres primeros años de la segunda presidencia Trump, antes que pase a ser definitivamente un “pato cojo” en la parte final del mandato, aunque no puede olvidarse que Oceanía es una zona que afecta directamente a la seguridad nacional de EE.UU. y ello es una relativa muralla frente a una política errática de Washington (Schleich, 2024, en su análisis tras la victoria de Trump). Por ello, hay un temor hacia el futuro que a 2025 es imposible de descifrar.

En primer término, es difícil de conocer cómo evolucionará la relación EE.UU.-RPC con una segunda Administración Trump, aunque los primeros pasos no apuntan un itinerario positivo. Puede oscilar entre una elevación del tono de agresividad, que perjudicaría también a Australia y en general a toda Oceanía o bien intentar lograr un sorprendente gran acuerdo con China, quizá negociando la seguridad de los aliados del Indo Pacífico, a cambio de concesiones comerciales, lo que iría en detrimento de la defensa de la zona (Fullilove, 2024). Por ello, si la Administración Trump 2.0 se centra en el comercio, la defensa y la lucha contra la RPC, cada PIP deberá competir por sus intereses y la financiación norteamericana en base a estos criterios que quizá EE.UU. privilegiará (Drennan, 2024).

No obstante, lo anterior, es bien cierto que la política de defensa de EE.UU. es una “política de Estado” que va más allá de las presidencias de turno y los intereses de la angloesfera superarán los cuatro años que se avecinan. Para EE.UU. la seguridad y defensa de Oceanía es fundamental o debería ser así asumido desde el primer día. Por consiguiente, es factible predecir que el periodo 2025-2028 pueda mantener el tono en el ámbito de defensa, seguridad e inteligencia del periodo Biden, si bien Australia deberá seguir desarrollando sus capacidades nacionales, trabajar con los aliados y naciones afines de Oceanía y reforzar el frente ante la RPC. Como bien afirmó el ex embajador australiano en Washington Joe Hockey, debe recordarse a la nueva Administración Trump que “Australia es un gran país y un gran amigo” (Karvelas, 2024).

En el ámbito comercial y de las relaciones de los PIP de Oceanía con la RPC no hay atisbo de cómo puede evolucionar la situación. Conocida la empatía de la Administración Biden-Harris en fomentar los PIP en su desarrollo social y económico, quizá ello caerá de la agenda de Washington a partir de 2025. Karvelas (2024) plantea que la opinión de muchos políticos australianos y de la zona es la imprevisibilidad en el respeto de las normas, lo cual es regla sagrada para Australia y NZ. Las dos “reglas de oro” de estos países siguen siendo el mantenimiento de instituciones de defensa y seguridad y los acuerdos de libre comercio, contrarios a aranceles muy perjudiciales.

Sin duda, el “America First”, la posición sobre el comercio de EE.UU. y los aranceles a los países extranjeros tendrá efectos indirectos no deseados para la angloesfera oceánica y para los PIP, lo que puede dar ventaja a la RPC, al menos momentáneamente. Siguiendo a Karvelas, es factible que la segunda presidencia Trump afecte negativamente al orden mundial y, por supuesto, a una zona especialmente sensible como es Oceanía, ubicada en el punto de mira comercial, defensivo y diplomático de la RPC, pero como prácticamente todos los analistas de la zona expresan, se trata de una incógnita de futuro que posiblemente nadie en Washington a principios de 2025 conozca.

Sea cual sea el futuro, coincidimos que los países de la angloesfera, con EE.UU. a la cabeza, así como también Francia y la Unión Europea en su conjunto, más otros países aliados –en especial Corea del Sur y Japón-, deberían asumir entre esta década y la cuarta del siglo XXI que Oceanía es un entorno estratégico global en deterioro, pero fundamental para la seguridad nacional occidental, por lo que las medidas de estrategia a tomar deberían pasar por diversos puntos clave.

En concreto, siguiendo a Paik (2025), es importante intensificar la presencia diplomática en los PIP, financiar proyectos a la medida de estos pequeños y micro Estados, por cuanto son las iniciativas más pequeñas y personalizadas las que mayor impacto logran, manejar el “soft power” con mayor diligencia, por los enormes efectos positivos que supone para EE.UU. y Australia –fomentando la educación y la salud, en particular-, incrementar el compromiso de forma creíble en materia climática –ello con independencia de la posición que la Administración Trump pueda asumir- por ser la principal preocupación de seguridad de los PIP, aceptar y respetar lo que supone ser una nación en el Pacífico, especialmente si es un PIP pero también asumir que EE.UU. es una nación del Sur del Pacífico, pues cuenta allí con un Estado (Hawái) y tres territorios isleños y dos millones de norteamericanos consideran que una isla del Pacífico es su hogar y finalmente impulsar las organizaciones regionales –un criterio que es rechazado por Trump- como es en especial el Foro de las Islas del Pacífico, con capacidad para proyectar fuerza de unidad ante presiones extranjeras y aglutina un espíritu específico de identidad regional y nacional por parte de los PIP.