STUDIA HUMANITATIS JOURNAL, 2026, 6(2), e188
ISSN: 2792-3967
DOI: https://doi.org/10.33732/shj.v6i2.188

Artículo / Article

Monografía
Monograph section

EL ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA: ENTRE EL APOYO, LA CONFIANZA Y LA DESIGUALDAD PERCIBIDA

THE WELFARE-STATE IN SPAIN: BETWEEN SUPPORT, TRUST, AND PERCEIVED INEQUALITY

Francisco Eduardo Haz-Gómez

Universidad de Santiago de Compostela, España
ORCID: 0000-0003-4400-3978
francisco.haz@usc.es

Bran Barral-Buceta

Universidad de Santiago de Compostela, España
ORCID: 0000-0003-3656-0846
bran.barral.buceta@usc.es

Diego Pascual López-Carmona

Universidad de Murcia, España
ORCID: 0000-0003-3010-1534
diegopascual.lopez@um.es

| Resumen |

Durante las primeras tres décadas del siglo XXI el Estado de Bienestar en España ha afrontado tensiones derivadas de las crisis económicas, envejecimiento poblacional y políticas neoliberales, que han erosionado su sostenibilidad, legitimidad y capacidad de garantía de derechos. El principal objetivo de este trabajo es el de analizar las percepciones actuales de la ciudadanía española sobre el Estado de Bienestar, sus instituciones y sus servicios, atendiendo a las dimensiones sustantiva, procedimental y distributiva. A partir del Estudio 3487 “Actitudes hacia el Estado de Bienestar II” (CIS, 2024), se realiza un análisis cuantitativo sobre percepciones de igualdad de acceso a servicios públicos, garantía de derechos sociales, valoración del sistema y retorno de impuestos y cotizaciones. Los resultados muestran un respaldo fuerte a pilares como educación y sanidad, considerados derechos garantizados, aunque coexistente con percepciones de desigualdad institucional y territorial y críticas al sistema fiscal. En conjunto, el riesgo para el Estado de Bienestar no es la pérdida de apoyo, sino la desconfianza en su funcionamiento y en la capacidad del Estado para convertir recursos en servicios públicos de calidad, especialmente ante déficits en derechos como la vivienda.

Palabras clave: Estado de Bienestar; Opinión pública; Legitimidad; Servicios públicos; Desigualdad social; España.

| Abstract |

Over the first three decades of the XXI century, the Welfare-State in Spain has faced tensions stemming from economic crises, an aging population, and neoliberal policies, which have eroded its sustainability, legitimacy, and ability to guarantee rights. The main objective of this study is to examine current perceptions among Spanish citizens regarding the welfare state, its institutions, and its services, focusing on substantive, procedural, and distributive dimensions. Based on Study 3487: Attitudes toward the Welfare State II (CIS, 2024), a quantitative analysis is conducted on perceptions of equal access to public services, the guarantee of social rights, evaluation of the system, and the return on taxes and contributions. The results show strong support for pillars such as education and healthcare, considered guaranteed rights, although this coexists with perceptions of institutional and territorial inequality and criticism of the tax system. Overall, the risk to the welfare state is not a loss of support but rather mistrust in its functioning and in the state’s ability to convert resources into quality public services, especially in the face of deficits in rights such as housing.

Keywords: Welfare State; Public opinion; Legitimacy; Public services; Social inequality; Spain.

| Introducción |

La construcción del Estado de Bienestar (en adelante, EB) representa una de las mayores innovaciones sociales y económicas del siglo XX. La configuración del EB moderno marca una transición desde la provisión privada (a través del pago o el ejercicio de caridad/beneficencia) hacia un sistema de prestación de servicios públicos donde estos se convierten en un deber primordial del Estado y un derecho de ciudadanía (Esping-Andersen, 1993; Esping-Andersen et al., 2009; Kymlicka, 2015).

Una de las visiones más influyentes en su definición y consolidación inicial, fue el “Informe Beveridge” denominado así en honor a su autor. Este documento asevera que el Estado tiene la tarea inalienable de asegurar una serie de servicios para toda la ciudadanía, sin distinción de estrato social (Beveridge, 1942, 2000). Su innovación crítica radica en tachar de erróneo el enfoque que centraba las prestaciones en colectivos vulnerables, lo que reafirmaba un estigma y percepción social de ayudas a fondo perdido (Barral-Buceta, 2021; Beveridge, 2000). Por el contrario, define y propugna un sistema de financiación común, independiente del nivel de renta, fundamentado en la equidad y en garantizar que cualquier tratamiento médico sea percibido como un derecho de ciudadanía y no como una concesión marginal.

Sus pilares son, en primer lugar, el establecimiento de un sistema de seguro social universal obligatorio y contributivo, que provea de una red de seguridad para toda la población de corte económico-social frente a cuestiones como el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad. En segundo término, promulga que, este sistema debe articularse en conjunto con otros dos ámbitos concebidos como indispensables, la salud y la educación, dimensiones claves del bienestar al afectar a dos de los cinco grandes problemas sociales: la enfermedad y el analfabetismo. Por último, en tercer lugar, promueve la búsqueda del pleno empleo, lo que implica el sustento económico del sistema y, a la vez, combatir la miseria, la necesidad y la falta de ocupación, que se identifican como disfuncionalidades (Barral-Buceta, 2021; Beveridge, 1942),

Desde este punto de partida, la paulatina extensión de este formato derivó en una transición desde estados vigilantes o militaristas hacia instituciones centradas en la producción y distribución del bienestar social (Esping-Andersen, 1993). Este desarrollo, consolidado durante las décadas de 1960 y 1970, constituyéndose como el eje principal del capitalismo de posguerra, donde todos los estados occidentales asumieron, en mayor o menor medida, responsabilidades sociales (Bonoli, 1997; Emmenegger et al., 2015; Esping-Andersen, 1993; Ferragina, 2022). En la actualidad, el EB se enfrenta a una fase de austeridad permanente y tensiones derivadas de la transición hacia economías del conocimiento postindustriales, lo que obliga a una reevaluación de su legitimidad y sus estructuras fundamentales (Béland et al., 2021; Bremer & Bürgisser, 2023).

Conceptualización del estado de bienestar

Antes de exponer las cuestiones metodológicas y de modelos de bienestar, es necesario precisar varios conceptos esenciales. En primer lugar, debemos de entender que el Estado del Bienestar nace con vocación de corregir las deficiencias del sistema capitalista dentro un marco de economía de mercado. Por eso, uno de los principales elementos es la desmercantilización de los servicios que actualmente se denominan comúnmente como servicios públicos, pivotado sobre tres ejes fundamentales: la educación, el trabajo y la salud. De forma sintética, estos estarían encaminados a que las personas y/o hogares pudieran cubrir un nivel de bienestar básico (social y económicamente) con independencia de su participación en el mercado (Esping-Andersen, 1993, 2002; Greer, 2016; Polanyi, 2017). Sin embargo, el sostenimiento de un nivel de vida digno va más allá de la situación laboral o personal, si no de cómo logarlo, lo que implica un debate sobre los modelos de financiación y de prestación de servicios (Ferragina, 2022; Kenworthy & Mccall, 2008). El hecho de que los servicios se definan como de acceso libre, es decir, de prestación universal, es una de las premisas propugnadas por el Informe Beveridge y que varios autores han venido sosteniendo como factor crítico (Bonoli, 1997; Emmenegger et al., 2015). Bajo este prisma, el EB puede funcionar como un sistema estratificante. Ya que, el sistema decide quién, de qué modo y a qué se tiene acceso, estableciendo diferencias entre individuos y grupos. Y, por ende, el EB se configura como una estructura de rediseño social, pues reestructura la relación entre persona y Administración/Estado, así como entre individuos, al asumir los roles de contribuyentes y subsidiados (Arts & Gelissen, 2002; Polanyi, 2017; Roosma et al., 2013). La permanencia constante o la alternancia en una de estas categorías son los factores que se precisa tener en cuenta en el devenir de la aceptación y valoración de dichos servicios.

En relación con lo indicado en el párrafo anterior, se encuentra otro de los conceptos claves en el desarrollo del EB, la legitimidad del sistema y el apoyo de la opinión pública. Así, se pueden definir tres pilares de este apoyo (Jæger, 2006; Roosma et al., 2013): la justicia sustantiva (que se acepte y comprenda como justo aquello que se persigue con los servicios públicos), la distribución de las cargas (que la ciudadanía confíe en una contribución equitativa al sistema) y la justicia procedimental (que la implementación sea eficiente y libre de fraude, es decir, que genere confianza). La valoración de estos tres cimientos se ve afectada por elementos como la adscripción partidista o la identificación ideológica, así como, por la posición social ocupada, el interés propio o el beneficio obtenido de estas políticas (Bremer & Bürgisser, 2023; Esping-Andersen, 1993; Garritzmann et al., 2023; Jæger, 2006; Kenworthy & Mccall, 2008).

Modelos de estado de bienestar en Europa

Partiendo de la obra de Esping-Andersen, con las subsiguientes revisiones y adaptaciones a lo largo de las tres últimas décadas, se ha ido consolidando una tipología de EB (Arts & Gelissen, 2002; Emmenegger et al., 2015; Esping-Andersen, 1993, 2002). Esta abarca tres categorizaciones clásicas: el régimen liberal, el conservador/corporativista y el socialdemócrata, a las que más tarde se añadió el modelo mediterráneo, siendo este último particularmente relevante para el caso del EB español.

El modelo de EB denominado régimen liberal es el predominante en los países anglosajones, donde el acceso a los servicios se articula, fundamentalmente, a través de prestaciones sociales focalizadas en situaciones de necesidad. Lo que implica un papel reducido del Estado y baja desmercantilización. Este diseño es el que genera mayores riesgos de estigmatización y segmentación, aspectos que resultan especialmente relevantes para comprender percepciones negativas vinculadas a la equidad y al acceso diferencial a los servicios públicos (Esping-Andersen, 1993).

Por su parte, el modelo conservador-corporativista vincula los derechos sociales a la posición que se ocupa dentro de la estructura del mercado laboral, siendo más o menos garantista en función del nivel de aportación y el tipo de ocupación, reproduciendo desigualdades entre aquellos que están integrados y quienes quedan al margen (Eikemo et al., 2008; Esping-Andersen, 1993).

El régimen socialdemócrata, en contraste, se basa en principios universalistas, con elevados niveles de desmercantilización y una provisión amplia de servicios públicos orientados a la igualdad. Este modelo constituye el referente normativo más cercano a la idea del Estado del Bienestar como derecho de ciudadanía (Beveridge, 2000).

Finalmente, el modelo mediterráneo, en el que se enmarca España, combina elementos de los anteriores con rasgos propios como, por ejemplo, la preponderancia de la familia como red de apoyo, la centralidad de las pensiones, la fragmentación en la provisión de servicios y coexistencia de componentes contributivos con ámbitos de cuasi-universalidad, especialmente en la sanidad (Arts & Gelissen, 2002; Barral-Buceta, 2021; Gal, 2010; Pavolini et al., 2015). Como ejemplo, el sector sanitario se puede considerar como el elemento paradigmático del modelo de bienestar, sobre todo, por la necesidad de gasto que implica y su relación con los otros males sociales derivado de la denominada medical poverty trap, que alude al círculo nocivo de enfermedad-pobreza (Beveridge, 2000; Whitehead et al., 2001). En este sentido, la sanidad comparte paralelismos con la educación y se fundamenta en la idea de que el acceso a la salud debe ser generalizado para ser verdaderamente justo. A raíz de todo lo expuesto, y tomando esta perspectiva analítica, este trabajo elabora tres dimensiones centrales para el estudio de la percepción ciudadana sobre el EB, siendo estas: el grado de universalidad de los derechos, la lógica de acceso a los servicios y la percepción de generación de desigualdad o estigmatización.

Riesgos del estado de bienestar en el siglo XXI

Ante los retos del EB en siglo XXI, marcados por el aumento de la población y de la esperanza de vida, la austeridad económica o los nuevos riesgos postindustriales, los estados se ven compelidos a una recalibración que equilibre las políticas compensatorias tradicionales con la inversión social (Bremer & Bürgisser, 2023; Ferragina, 2022; Garritzmann et al., 2023). A este respecto, la sostenibilidad de este contrato social reside en la percepción ciudadana, una dimensión compleja donde la legitimidad del sistema y el apoyo a las reformas se ven condicionados por la confianza política, el interés propio, la identidad ideológica y una arraigada cultura del merecimiento (deservingness) que jerarquiza el acceso a la protección según criterios de identidad y reciprocidad (Jæger, 2006; Kymlicka, 2015; Roosma et al., 2013; Van Oorschot, 2006).

Este escenario se enfrenta a grandes retos sobre la legitimidad del Estado de Bienestar. En primer lugar, la demografía es un factor estructural, puesto que afecta directamente a los modelos de financiación, especialmente a los no universales ligados a las cotizaciones laborales (Madero-Cabib et al., 2020), pero más allá de esto, tiene otras implicaciones. Ya que, como señalan algunos estudios (Busemeyer et al., 2009; Garritzmann et al., 2023; Van Oorschot, 2006) dar prioridad de gasto a políticas como la salud o las pensiones, frente a otras como la educación o las rentas de inserción, pueden socavar la legitimidad del sistema teniendo en cuenta la percepción según grupo de edad.

Además, el sistema productivo, la tecnología y los modelos de familia de las sociedades postindustriales han cambiado profundamente. La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral hace que la conciliación laboral-familiar redefina los modelos de cuidados y atención familiar (Ferragina, 2022; Pavolini et al., 2015). Todo esto, en un contexto de precarización laboral (fragmentación del mercado de trabajo) asociado con un marcado sesgo generacional (Greer, 2016).

En tercer lugar, la transición hacia economías de servicios ha provocado una creciente dualización social, donde el EB tiende a proteger prioritariamente a los insiders (trabajadores con contratos estables y derechos consolidados) en detrimento de los outsiders (colectivos vulnerables como: jóvenes, mujeres e inmigrantes), que quedan atrapados en los márgenes del sistema (Emmenegger et al., 2015; Ferragina, 2022). Este fenómeno es particularmente relevante en el modelo mediterráneo, donde la segmentación del mercado laboral y el elevado peso de la economía sumergida dejan a amplios sectores de la población sin una protección pública efectiva (Gal, 2010). Asimismo, este escenario de escasez fomenta el riesgo del chovinismo del bienestar, en el que la percepción de los inmigrantes como una carga económica o una amenaza cultural se utiliza para justificar la restricción de derechos, socavando la solidaridad nacional necesaria para sostener los servicios universales (Kymlicka, 2015; Van Oorschot, 2006).

En cuarto lugar, a pesar de la consolidación de sistemas de protección pública, persiste la paradoja de las desigualdades en salud, que incluso tienden a ensancharse (Mackenbach, 2012). Estas brechas no se explican ya exclusivamente por la carencia de recursos materiales, sino por el papel fundamental del capital cultural (Bourdieu, 1998, 2011) que determina hábitos de consumo como el tabaquismo o dietas poco saludables. La evidencia comparada revela que, si bien los regímenes bismarckianos suelen presentar menores desigualdades de salud vinculadas a la renta, los Estados de Bienestar en su conjunto siguen enfrentando la dificultad de neutralizar el impacto de la estratificación social sobre la morbilidad y la esperanza de vida (Eikemo et al., 2008; Madero-Cabib et al., 2020).

El Estado de Bienestar en España en el siglo XXI

A continuación, se realiza un repaso sobre las principales características estructurales, así como, diversos hitos recientes que se han puesto en funcionamiento para intentar corregir los déficits de este modelo identificados en el epígrafe anterior y que, en definitiva, configuran las singularidades del actual modelo español. Como se ha mencionado con anterioridad, España se integra dentro del modelo mediterráneo, por ello, el Estado del Bienestar español comparte elementos esenciales con otros países como Italia o Portugal, donde la familia ejerce un papel central en la provisión informal de los cuidados. Además, presenta un fuerte legado del modelo bismarkiano, donde la mayor parte de la financiación procede de la recaudación tributaria y de las cotizaciones sociales (Arts & Gelissen, 2002; Gal, 2010; Pridham, 2016).

Diversos estudios sostienen que el familismo en la provisión de servicios del EB español es un elemento estructural que suple, en muchos casos, la carencia de servicios públicos. Esto implica consecuencias relevantes en términos de desigualdad de género, dualización social y dependencia de recursos privados e informales (Gallardo Fernández, 2020; Calero, 2021). Durante estas décadas se han dado tres hitos, en clave de políticas públicas, que han intentado corregir este déficit. El primero de ellos es la atención a la dependencia, establecido como un derecho subjetivo. Fue instituido en la primera década del siglo XXI mediante la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley fue acompañada de la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que introduce un catálogo de servicios y prestaciones con vocación universal y articulación multinivel entre el Estado, las Comunidades Autónomas (en adelante, CC. AA.) y entidades locales (BOE, 2006). No obstante, el despliegue y posterior desarrollo de este pilar del Estado del Bienestar español se vio limitado por la crisis económica de 2008 y las políticas de austeridad derivadas de esta, afectando a su financiación, niveles de cobertura y despliegue territorial (Guillén Rodríguez et al., 2016). Como resultado, esta ley acabó reforzando, en la práctica, el peso de los cuidados familiares a través del predominio de las prestaciones económicas en el entorno familiar y reproduciendo parte de los rasgos estructurales del modelo mediterráneo. Pese a ello, también permitió la cotización laboral ante la Seguridad Social de aquellos que estaban al cuidado de personas dependientes, a la vez que dimensionó el alcance de la dependencia mediante registros oficiales.

Por otra parte, para comprender la evolución del Estado del Bienestar en España durante el primer cuarto del siglo XXI es necesario tener presente el ámbito territorial. Las prestaciones se articulan a través de un sistema multinivel en el que las CC. AA. desempeñan un papel central en la puesta en marcha de las políticas de bienestar. Del mismo modo, estas administraciones gestionan las políticas sociales, sanidad y educación, lo que genera una heterogeneidad territorial para el acceso efectivo a estos servicios. Estudios recientes muestran que, durante el periodo 2010-2016 se produjeron procesos de recentralización selectiva en ámbitos estratégicos como la sanidad y los cuidados de larga duración, como respuesta a las presiones fiscales y a la necesidad de control del gasto público (Hernández-Moreno & Del Pino, 2025).

El establecimiento del Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación nace con el objetivo de corregir los efectos de la división sexual del trabajo, siendo un punto de inflexión en la política de corresponsabilidad parental en España. Mediante esta norma se harmonizan los permisos de maternidad y paternidad en la prestación por nacimiento y cuidado del menor, configurándolos como derechos individuales, iguales e intransferibles para ambos progenitores (BOE, 2019). Esta medida puede interpretarse como una medida para el cambio estructural de transformación del modelo mediterráneo español. Sin embargo, diversos estudios advierten que su impacto depende fuertemente del contexto laboral y territorial, puesto que su efectividad real está condicionada por la calidad en del empleo, la cultura organizativa, el grado de implicación de las administraciones autonómicas y los empleadores (Del Pino, 2020). Alineado con los objetivos de esta ley se asocia otro hito significativo, el Plan Corresponsables, impulsado en 2021 por el Ministerio de Igualdad. Este plan refuerza la orientación hacia el cuidado al plantearlo como un derecho social emergente, promoviendo sistemas compartidos entre Estado, mercado, comunidad y familia, con especial atención a la infancia. Al igual que ocurre con la Ley de Dependencia y con los permisos parentales igualitarios, su despliegue se articula reproduciendo la centralidad de la dimensión territorial (Ministerio de Igualdad, 2025).

En suma, el EB español manifiesta la existencia de una tensión estructural no resuelta entre la persistencia de los rasgos definitorios del modelo mediterráneo y los esfuerzos recientes por avanzar hacia una un modelo que pretende poner en su centro los cuidados como derechos garantizados. Este reciente empuje, unido a los demás pilares fundamentales (las pensiones, la educación y la sanidad), sustentarían un progresivo intento de alineación con el modelo teórico de EB socialdemócrata (Esping-Andersen, 1993).

| Objetivos e hipótesis |

Objetivos

El objetivo general de esta investigación es analizar la percepción actual que la población española tiene sobre el Estado de Bienestar, sus instituciones y servicios. Todo ello abordado desde una perspectiva multidimensional, distinguiendo entre las actitudes hacia los principios del Estado del Bienestar, el alcance de las responsabilidades gubernamentales y la valoración de los resultados o el desempeño institucional. Se investiga si la población percibe al sistema como un derecho inalienable (lógica socialdemócrata) o si existe una preocupación por la justicia procedimental, especialmente en lo relativo al fraude y la eficiencia administrativa.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se han definido tres objetivos específicos.

- O. E.1. Analizar la percepción sobre la igualdad y el acceso a los servicios públicos del Estado de Bienestar.

- O. E.2. Detectar factores que determinan la valoración positiva y negativa del actual sistema de bienestar

- O. E.3. Identificar el peso relativo de la percepción coste-beneficio como elemento central en la valoración de los servicios públicos que dé pie a la erosión del propio sistema del Estado del Bienestar.

Hipótesis

Esta investigación parte de la hipótesis de que la población española mantiene una percepción heterogénea del Estado de Bienestar, sus instituciones, servicios y acceso, que refleja tanto niveles variables de confianza como de insatisfacción. Dicha percepción se encuentra estrechamente relacionada con factores socioeconómicos, ideológicos y experienciales que explican las evaluaciones positivas y negativas del sistema actual. Conjuntamente, el peso atribuido a una relación coste-beneficio respecto al retorno que se percibe sobre los servicios públicos desempeña un papel determinante en dicha valoración, contribuyendo potencialmente a procesos de deslegitimación y erosión del propio sistema.

| Metodología |

Para la realización del análisis este trabajo recurre a la encuesta del CIS Centro de Investigaciones Sociológicas Nº3487- Actitudes hacia el Estado de Bienestar II (2024). La muestra está compuesta por 3.857 entrevistas, según afijación proporcional, con cuotas de edad y sexo y estratificación por comunidad autónoma y tamaño del hábitat. De este modo, la muestra recogida (N = 3.857), en el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del 95,5% (2σ) y máxima varianza (p = q = 0,5), arroja un error de muestreo de ±1,6 % para el conjunto de la población.

El análisis y explotación estadística de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 29. Se ejecutaron 7 análisis repartidos entre los tres apartados que tienen relación directa con los objetivos de la investigación. Dicha explotación comprende: análisis descriptivo, pruebas de Chi² para analizar asociaciones entre dos variables categóricas, un análisis factorial exploratorio para identificar dimensiones subyacentes y, finalmente, una regresión logística binaria para examinar los factores asociados al fenómeno analizado.

| Resultados |

Acceso e igualdad ante el Estado de Bienestar en España: instituciones y servicios

Con el fin de analizar la relación entre distintas percepciones de equidad institucional en España, se presenta el Análisis 1. Percepciones sobre equidad institucional, en él se examinan las respuestas a las preguntas P.1. ¿Cree Ud. que en España a la hora de aplicar las leyes se da el mismo trato a todas las personas o se hacen diferencias según de quién se trate? y P.9. ¿Cree Ud. que en España todas las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a los servicios públicos, como por ejemplo la educación y la sanidad, o cree que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a dichos servicios? –ambas variables nominales–. Tras un análisis descriptivo de las distribuciones de respuesta, se aplica una prueba de Chi-² de Pearson para evaluar si la percepción de un trato desigual en la aplicación de las leyes se asocia con la creencia de que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceso a los servicios públicos.

Los resultados de la Pregunta 1 evidencian una percepción mayoritariamente crítica respecto al principio de igualdad ante la ley. Entre las personas que responden a la pregunta (N = 3.754), casi tres cuartas partes (73,3 %; 2.752) consideran que se hacen diferencias en la aplicación de las leyes según de quién se trate, frente a solo un 26,7 % (1.002) que opina que el trato es igual para todas las personas.

La distribución de respuestas de la Pregunta 9 muestra una sociedad dividida, aunque con un ligero predominio de la percepción de desigualdad. Entre los casos válidos (N = 3.830), el 51,8 % (1.984) considera que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceso a los servicios públicos, mientras que el 48,2 % (1.846) cree que sí existe igualdad de oportunidades.

Cuando se cruzan las dos variables, los resultados muestran una asociación estadísticamente significativa entre la percepción de igualdad en la aplicación de las leyes y la creencia en la igualdad de oportunidades para acceder a los servicios públicos (χ² = 162,6; p < 0,001). Desde la visión de quienes consideran que las leyes se aplican por igual, predomina la percepción de igualdad de acceso (65,1 %), mientras que entre quienes opinan que existe un trato desigual ante la ley es mayoritaria la creencia de que no todas las personas tienen las mismas oportunidades (58,5 %). La intensidad de la relación es moderada-baja (Phi = 0,209), lo que sugiere que la percepción de desigualdad legal se asocia con la deslegitimación del acceso universal a los servicios públicos, aunque con una magnitud limitada.

En este segundo análisis, titulado Motivos de desigualdad en el acceso a servicios públicos, se presenta un análisis descriptivo de la pregunta P.10 ¿Y cuál es el motivo principal por la que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceso a los servicios públicos?, con el fin de identificar el motivo principal señalado por la población para explicar la desigualdad en el acceso a los servicios públicos. Esta pregunta fue respondida por el 46,5 % de la muestra (N= 1.795), que se corresponde con aquellos que respondieron que no existía una igualdad de acceso a los servicios públicos en la Pregunta 9.

Entre quienes identifican algún motivo (Gráfico 1), destaca de forma clara en primer lugar la posición socioeconómica con un 28,3 % (507), proponiendo que el acceso a servicios públicos sigue estando condicionado por los recursos económicos, pese a su carácter formalmente universal. En segundo lugar, aparecen los factores territoriales, tanto la comunidad autónoma de residencia (15,4 %; 276) como el pueblo o barrio en el que se vive (12,8 %; 230), que conjuntamente representan más de una cuarta parte de las respuestas. Otros factores relevantes, aunque con menor peso, son la nacionalidad (10,8 %; 195) y la etnia o raza (10,6 %; 190), lo que indica la existencia de percepciones de discriminación vinculadas al origen. El nivel de estudios (8,0 %; 143) y la ideología política (5,2 %; 93) también aparecen como otros factores de desigualdad, aunque en menor medida.

Por último, elementos como la edad, el sexo, la religión, la orientación sexual o el aspecto físico, si bien se mencionan, no alcanzan el 1 % de los casos (Gráfico 1), lo que sugiere que estas se perciben con un escaso impacto como factores de restricción.

Garantía y valoración de los derechos sociales presentes y a futuro

En este tercer bloque de resultados (Análisis 3. Valoración sobre la garantía de los servicios públicos), se estudian las percepciones sobre la garantía de los derechos sociales en España. Constando de dos partes, en primer lugar, se realiza un análisis descriptivo de los ocho ítems que componen la pregunta P.2 ¿Cree Ud. que en España los derechos sociales que voy a citarle están garantizados para todas las personas, solo para algunas o no están garantizados para nadie?, lo que permite observar la distribución de respuestas para cada derecho y su nivel de garantía. Posteriormente, se lleva a cabo un análisis factorial exploratorio con el fin de identificar posibles dimensiones latentes que estructuren dichas percepciones y evaluar si los distintos derechos sociales se agrupan en factores comunes.

En términos generales, la Tabla 1 muestra una desigual distribución sobre la percepción de la garantía de los derechos sociales. Los derechos que concentran una mayor proporción de valoraciones positivas —esto es, que se consideran garantizados para todas las personas— son el acceso a una educación pública de calidad (64,1 %; 2.472), la protección de la salud (61,6 %; 2.376), la protección de la infancia (55,3 %; 2.133) y el acceso a la cultura (55,1 %; 2.125). En estos casos, una mayoría clara de la población percibe que se trata de derechos ampliamente garantizados, lo que sugiere una valoración favorable de estos pilares del Estado del bienestar.

Un segundo conjunto de derechos presenta una percepción selectiva, con un peso elevado de la categoría intermedia solo para algunos. Es el caso de la inclusión social y plena autonomía de las personas con discapacidad, donde más de la mitad de las respuestas se sitúan en esta categoría (52,6 %; 2.029), mientras que solo un 37,5 % (1.448) considera que este derecho está universalmente garantizado. De forma similar, los derechos de los/as consumidores/as muestran una distribución más equilibrada, con un 38,7 % (1.491) que percibe una garantía parcial lo que apunta a una percepción de cobertura relativamente amplia, pero no plenamente consolidada.

La valoración más claramente negativa se observa en el acceso a una vivienda digna y adecuada, que destaca como el derecho con menor percepción de garantía universal. Solo un 15,7 % (606) considera que está garantizado para todos, frente a una amplia mayoría que lo sitúa en la categoría solo para algunos (67,8 %; 2.615). Además, un porcentaje relevante afirma que no está garantizado para nadie (14,5 %; 558). En una línea similar, aunque menos acusada, se sitúa el derecho a vivir en un medioambiente adecuado, donde el 59,1 % (2.280) considera que la garantía es parcial y solo el 29,1 % (1.121) la percibe como universal.

Por último, aunque la categoría no están garantizados para nadie es la que menor peso relativo ostenta en la mayoría de los derechos, alcanza valores significativos en algunos ámbitos como la vivienda (14,5 %; 558), el medioambiente (10,3 %; 398) y los derechos de los consumidores (8,4 %; 325).

A continuación, se realiza un análisis factorial exploratorio con el propósito de identificar si existen dimensiones latentes que estructuran las percepciones sobre la garantía de los derechos sociales en España. Para ello, se utilizaron ocho ítems que componen la pregunta P.2, todos medidos mediante escalas ordinales de tres categorías, como se aprecia en la Tabla 1. La adecuación de los datos para este tipo de análisis fue comprobada previamente, obteniéndose un índice KMO de 0,83 y una prueba de esfericidad de Bartlett estadísticamente significativa (p < 0,001), lo que confirma la existencia de una estructura de correlaciones apropiada. El análisis se llevó a cabo mediante el método de componentes principales, aplicando como criterio de extracción los autovalores superiores a 1. Los resultados muestran una estructura unidimensional, extrayéndose un único componente que explica el 52,1 % de la varianza total. Todos los ítems presentan cargas factoriales moderadas-altas, comprendidas entre 0,548 y 0,692, lo que indica una contribución homogénea al componente común. Cabe señalar que el uso de correlaciones de Pearson con variables ordinales de tres categorías introduce una limitación conocida, la subestimación de las cargas factoriales, esta estrategia se mantiene por razones de parsimonia y comparabilidad, asumiendo explícitamente que los resultados tienen un carácter exploratorio más que confirmatorio. Por este motivo, dado el carácter ordinal de las variables y el objetivo exploratorio del análisis, los resultados se interpretan desde una perspectiva descriptiva.

Como se ha citado en el párrafo anterior, el análisis factorial exploratorio revela la existencia de una única dimensión latente que organiza las percepciones sobre la garantía de los derechos sociales. Todos los derechos incluidos se asocian de forma consistente con el componente extraído, con cargas factoriales superiores a 0,54, lo que confirma la coherencia interna de la estructura. Las cargas más elevadas corresponden a la protección de la infancia (0,692), la inclusión social y plena autonomía de las personas con discapacidad (0,689), el acceso a la cultura (0,681), el hecho de que las personas vivan en un medioambiente adecuado (0,672) y la protección de la salud (0,667). En su conjunto, sugiere que la percepción de garantía de los derechos se articula especialmente en torno a ámbitos vinculados a la protección social y al bienestar colectivo. Asimismo, derechos como el acceso a una educación pública de calidad (0,626), los derechos de los/as consumidores/as (0,623) y el acceso a una vivienda digna y adecuada (0,548) se integran plenamente en la dimensión, aunque con cargas ligeramente inferiores. Por ende, esta estructura factorial indica que la población no diferencia entre ámbitos específicos de garantía de derechos, sino que tiende a formular una evaluación global del grado en que el Estado garantiza los derechos sociales, reflejando una visión unitaria del funcionamiento del Estado del bienestar.

Este cuarto análisis, titulado Valoración del funcionamiento de los servicios públicos, se basa en la Pregunta 3 sobre la valoración del funcionamiento de los servicios públicos, atendiendo tanto al nivel de satisfacción general como a las diferencias entre ámbitos.

En términos generales, los resultados (Gráfico 2) muestran una valoración mayoritariamente positiva de los servicios públicos analizados, aunque con significativos matices. Así se muestra que la enseñanza es el ámbito mejor valorado en términos relativos: casi dos tercios de la población expresa una opinión favorable, sumando quienes consideran que funciona muy satisfactoriamente (14,1 %; 542) y bastante (49,8 %; 1.922). No obstante, una proporción relevante manifiesta cierto grado de insatisfacción, ya que cerca de tres de cada diez personas considera que la enseñanza funciona poco satisfactoriamente (28,9 %; 1.115), aunque los juicios claramente negativos son minoritarios (5,1 %; 198).

En el caso de la asistencia sanitaria, esta presenta un patrón algo más equilibrado entre valoraciones positivas y negativas. Aunque más de la mitad de la población la evalúa de forma favorable (muy satisfactoriamente: 14,7 %; 565; bastante satisfactorio: 40,8 %; 1.573), se observa una presencia significativa de valoraciones críticas. Un 35,0 % (1.348) considera que funciona poco satisfactoriamente y un 8,6 % expresa una valoración claramente negativa (331). Este reparto sugiere una coexistencia de reconocimiento, que sigue siendo mayoritario, y un malestar notable que denota una insatisfacción preocupante.

En tercer lugar, la gestión de las pensiones es el servicio que recibe las valoraciones más negativas en términos comparados. Aunque casi la mitad de la población ofrece una valoración positiva (muy satisfactoriamente: 11,4 %; 441; bastante: 37,2 %; 1.435), el peso de las opiniones desfavorables es muy elevado. Más de un tercio considera que la gestión funciona poco satisfactoriamente (33,8 %; 1.306) y un 12,1 % (467) la evalúa como nada satisfactoria, lo que la convierte en el ámbito con mayor proporción de rechazo explícito.

Tras este primer análisis sobre la valoración presente de los servicios, se desarrolla otro sobre las expectativas futuras de evolución de los servicios públicos (P.4).

Como se aprecia en el Gráfico 3, en términos generales, los resultados reflejan un predominio de expectativas negativas, intensificadas en los servicios no percibidos como más consolidados. En ninguno de los ámbitos analizados la expectativa de mejora es mayoritaria, lo que apunta a un clima generalizado de escepticismo respecto al futuro de los servicios públicos. Así, el sistema educativo público presenta una distribución relativamente equilibrada entre las distintas opciones, aunque con predominio de la estabilidad y una ligera inclinación hacia el pesimismo. Un 32,5 % de la población considera que la situación empeorará (1.253), frente a un 27,6 % que cree que mejorará (1.063). La opción más frecuente es seguirá igual (38,1 %; 1.471), lo que sugiere que, si bien existe preocupación por su evolución, una parte relevante de la ciudadanía percibe una continuidad del sistema educativo sin cambios sustanciales.

En lo que respecta a la atención sanitaria, esta muestra un perfil claramente más negativo. La expectativa de empeoramiento se convierte en la opción dominante, con un 42,3 % (1.633) de las respuestas, superando tanto a la previsión de estabilidad (30,2 %; 1.166) como a la de mejora (25,6 %; 986). Este patrón indica que la sanidad pública es percibida como un ámbito sometido a crecientes dificultades, en el que el reconocimiento de su importancia convive con una percepción de deterioro de su funcionamiento.

En tercer lugar, el sistema público de pensiones concentra las valoraciones más críticas y el mayor consenso en torno a una evolución desfavorable. Más de la mitad de la población considera que la situación empeorará (55,9 %; 2.156), mientras que solo un 16,0 % (616) prevé una mejora. La opción seguirá igual también pierde peso (25,6 %; 988) en comparación con los otros servicios, lo que indica que las pensiones no solo se perciben como problemáticas, sino también como un sistema abocado a cambios negativos.

Retorno percibido de los servicios públicos

En este apartado se presenta el Análisis 5. Percepción sobre los beneficios sociales de los impuestos, en primer lugar, un análisis descriptivo de las preguntas P.5 y P.6, con el objetivo de conocer las percepciones generales sobre los beneficios sociales derivados de impuestos y cotizaciones, así como la valoración individual del balance entre lo aportado y lo recibido de las Administraciones Públicas. Posteriormente, se realizará un análisis de Chi² para explorar la relación entre ambas variables y determinar si existe una asociación estadísticamente significativa entre la percepción del beneficio colectivo y la valoración del beneficio personal.

En relación con las contraprestaciones que recibe la sociedad en su conjunto a cambio del pago de impuestos y cotizaciones, los resultados muestran un predominio claro de valoraciones negativas. Casi la mitad de las respuestas válidas consideran que la sociedad recibe poco (47,5 %; 1.832), a lo que se suma un 11,3 % (436) que afirma que no se recibe nada. En conjunto, un 58,8 % de la población expresa una percepción crítica del retorno social del sistema fiscal, lo que sugiere una visión ampliamente extendida de insuficiencia en la provisión o calidad de las contraprestaciones públicas. Frente a ello, las valoraciones positivas son minoritarias: un 27,1 % (1.046) considera que se recibe bastante y solo un 11,7 % (449) que se recibe mucho, lo que indica un reconocimiento limitado del impacto colectivo de los impuestos.

Cuando el foco se sitúa en la valoración personal y familiar de las contraprestaciones, la percepción negativa se intensifica notablemente. Casi dos tercios de las respuestas válidas consideran que reciben menos de lo que pagan (62,1 %; 2.394). Por su parte, una cuarta parte de la población percibe una relación equilibrada entre lo aportado y lo recibido (más o menos lo que paga: 25,7 %; 991), mientras que solo una minoría afirma recibir más de lo que paga (8,0 %; 309). Este patrón sugiere que los beneficios del sistema fiscal resultan poco visibles o insuficientes desde la experiencia individual, reforzando la percepción de carga contributiva no compensada.

El análisis de la relación entre la valoración de las contraprestaciones que recibe la sociedad y la valoración de las percibidas en el ámbito personal y familiar muestra una asociación estadísticamente significativa (χ² = 718,1; gl = 6; p < ,001). Por su parte, la asociación presenta una intensidad moderada (V de Cramer = 0,315), lo que refuerza la relevancia sustantiva del vínculo entre ambas variables.

El examen detallado de la tabla cruzada muestra que, entre quienes consideran que la sociedad no recibe nada a cambio de los impuestos, la percepción personal es abrumadoramente negativa: el 92,9 % (381) considera que recibe menos de lo que paga, frente a un 6,8 % (28) que percibe un equilibrio y apenas un 0,2 % (1) que considera recibir más de lo que paga. Este patrón refleja una fuerte coherencia entre la valoración social extremadamente negativa y la experiencia individual de desequilibrio fiscal.

Una dinámica similar, aunque algo menos intensa, se observa entre quienes opinan que la sociedad recibe poco. En este grupo, un 77,7 % (1.399) considera que, a nivel personal, recibe menos de lo que paga, mientras que un 19,4 % (349) percibe una relación equilibrada y solo un 2,9 % (52) declara recibir más de lo que aporta. Por el contrario, cuando la valoración del beneficio social mejora, la percepción personal se vuelve sensiblemente más equilibrada. Entre quienes consideran que la sociedad recibe bastante, las respuestas se distribuyen de forma más plural: un 40,7 % (402) afirma recibir menos de lo que paga, un 43,6 % (431) considera que recibe más o menos lo que paga y un 15,7 % (155) percibe un saldo positivo. Este reparto refleja una clara atenuación del desajuste percibido entre aportaciones y contraprestaciones.

Finalmente, entre quienes creen que la sociedad recibe mucho a cambio de los impuestos, la percepción personal es notablemente más favorable. En este grupo, solo un 38,9 % (167) considera que recibe menos de lo que paga, mientras que un 38,2 % (164) percibe un equilibrio y un 22,8 % (98) afirma recibir más de lo que aporta. La suma de percepciones neutras y positivas supera así claramente a las negativas, consolidando el gradiente observado.

En este apartado se realiza el Análisis 6. Percepción sobre el retorno de las recaudaciones en servicios públicos, de tipo descriptivo sobre la pregunta P.7 para examinar la percepción sobre la equidad del sistema fiscal. Posteriormente, se aplica una regresión logística binaria con el fin de identificar los factores asociados a esta percepción.

Los resultados (Gráfico 4) evidencian una percepción mayoritariamente crítica respecto al funcionamiento del sistema fiscal en términos de equidad. Una amplia mayoría de la población considera que no paga más quien más tiene (69,4 %; 2.677), lo que indica una percepción extendida de falta de progresividad en el cobro de los impuestos. Esta valoración negativa sugiere que, para una parte muy significativa de la ciudadanía, el reparto de la carga fiscal no se ajusta al principio redistributivo que formalmente inspira el sistema tributario. Frente a esta posición, apenas tres de cada diez personas consideran que sí paga más quien más tiene (28,4 %; 1.094). Aunque se trata de una proporción relevante, resulta claramente minoritaria en comparación con quienes expresan una visión crítica.

Con el objetivo de analizar los factores asociados a la percepción de que, en general, pagan más impuestos quienes más tienen, se estimó un modelo de regresión logística binaria, tomando como variable dependiente dicha creencia, operacionalizada de forma dicotómica (0 = no lo cree; 1 = sí lo cree) y como factores explicativos: edad por grupos, el sexo, la clase social percibida, la situación laboral, la posición ideológica y los ingresos en el hogar. El análisis se realizó sobre los casos válidos, excluyendo las respuestas Ns/Nc, lo que dio lugar a una base analítica de aproximadamente 3.000 observaciones, suficiente para la estimación robusta del modelo.

En una primera etapa se estimó el modelo nulo, que incluye únicamente la constante. Este modelo clasifica correctamente el 70,8 % de los casos, porcentaje que coincide con la proporción de personas que consideran que no paga más quien más tiene, reflejando así la fuerte asimetría de la variable dependiente. La capacidad predictiva del modelo inicial es puramente trivial, ya que predice correctamente el 100 % de los casos negativos y ninguno de los positivos. La constante presenta un coeficiente negativo y estadísticamente significativo (B = −0,885; p < 0,001; Exp(B) = 0,413), lo que indica que, en ausencia de factores explicativos, la probabilidad de considerar progresivo el sistema fiscal es claramente inferior al umbral de 0,5.

La inclusión simultánea de las variables independientes en el modelo completo supone una mejora sustantiva del ajuste. Las pruebas ómnibus muestran que el modelo es globalmente significativo (χ² = 309,9; gl = 6; p < 0,001), lo que confirma que el conjunto de predictores contribuye de manera relevante a explicar la percepción del reparto impositivo. Los indicadores de pseudo-R² reflejan una capacidad explicativa moderada, con valores de 0,098 (Cox y Snell) y 0,140 (Nagelkerke), lo que implica que el modelo explica en torno al 14 % de la variabilidad de la variable dependiente. La prueba de Hosmer y Lemeshow resulta significativa (χ² = 21,0; gl = 8; p = 0,007), lo que indica desviaciones entre las probabilidades observadas y las esperadas. No obstante, este resultado es frecuente en modelos con tamaños muestrales amplios y variables dependientes muy desbalanceadas, por lo que no invalida la interpretación sustantiva de los coeficientes. En términos de clasificación, el modelo completo apenas mejora el porcentaje global de aciertos (71,1 %), aunque sí introduce cierta capacidad para identificar a quienes consideran que quienes más tienen pagan más impuestos (15,4 %), manteniendo una elevada precisión en la predicción de la categoría negativa (94,1 %).

El análisis de los coeficientes individuales pone de manifiesto que la percepción de la progresividad fiscal está claramente estructurada por factores ideológicos, generacionales y socioeconómicos. La escala de autoubicación ideológica emerge como el predictor más relevante: cada incremento de un punto en la escala se asocia con un aumento significativo en las odds de considerar que quienes más tienen pagan más impuestos (B = 0,206; p < 0,001; Exp(B) = 1,229). En concreto, este resultado indica un incremento del 22,9 % en las razones de ventajas por cada unidad adicional en la escala ideológica. Lo que en términos de probabilidad se traduce en que, partiendo de una probabilidad inicial del 40 % de creer que el sistema es progresivo, el incremento de un punto hacia la derecha en la escala ideológica elevaría esta probabilidad hasta el 45 %, es decir, unos 5 puntos porcentuales más. Por tanto, este resultado confirma el fuerte anclaje ideológico de esta creencia.

La edad presenta también un efecto intenso y negativo (B = −0,339; p < 0,001; Exp(B) = 0,713), de modo que a medida que aumenta la edad disminuye de forma significativa la probabilidad de percibir el sistema fiscal como progresivo. Este hallazgo apunta a la existencia de un marcado gradiente generacional en la valoración del reparto de la carga impositiva. El sexo muestra igualmente diferencias significativas (B = −0,248; p = 0,004; Exp(B) = 0,780), lo que indica que una de las categorías (hombres) tiene alrededor de un 22 % menos de probabilidad de considerar progresivo el sistema fiscal.

En cuanto a las variables socioeconómicas, el nivel de ingresos del hogar se asocia positivamente con la percepción de progresividad (B = 0,136; p < 0,001; Exp(B) = 1,146), de modo que a mayores ingresos aumenta la probabilidad de creer que quienes más tienen pagan más impuestos. Un patrón similar, aunque de menor magnitud, se observa para la situación laboral (B = 0,098; p < 0,001; Exp(B) = 1,103). Por el contrario, la identificación subjetiva de clase no alcanza significación estadística una vez controlados el resto de los factores (p = 0,084), lo que sugiere que su efecto está mediado por otras dimensiones estructurales e ideológicas.

En conjunto, los resultados indican que la percepción de la progresividad del sistema fiscal no responde a una evaluación neutra del funcionamiento del sistema tributario, sino que se configura a partir de una combinación de posiciones sociales objetivas y marcos ideológicos. Si bien el modelo deja una parte sustantiva de la variabilidad sin explicar, especialmente para detectar a quienes que están a favor de la progresividad fiscal. No obstante, los hallazgos confirman que las actitudes fiscales se encuentran profundamente, socialmente situadas, reforzando la idea de que la legitimidad del sistema impositivo está estrechamente ligada a factores políticos y generacionales, además de económicos.

Por último, se presenta el Análisis 7. Gasto público y ámbito de designación, de tipo descriptivo basado en la pregunta P.8, orientado a examinar la distribución de las opiniones de la población sobre el nivel de gasto y ámbito que deberían realizar las Administraciones Públicas.

Entre las distintas áreas de gasto público analizadas (Gráfico 5), destacan de forma clara la sanidad y la educación como los ámbitos que concentran un mayor respaldo al aumento presupuestario. En el caso de la sanidad, el incremento del gasto es apoyado por un 93,1 % de las respuestas (más y mucho más; 3.574), sobresaliendo especialmente la opción mucho más (50,3 %; 1.931). De manera muy similar, la educación reúne un 89,4 % (3.433) de apoyo al incremento del gasto, con una distribución equilibrada entre más (46,8 %; 1.797) y mucho más (42,6 %; 1.636), lo que sugiere una fuerte centralidad de este ámbito en las prioridades ciudadanas.

En un segundo nivel aparecen las pensiones, la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente, que también concentran mayorías claras favorables al aumento del gasto, aunque con mayor presencia de posiciones intermedias. Las pensiones son señaladas por un 73,9 % de apoyo al incremento (más y mucho más; 2.802), lo que refleja una preocupación persistente por la suficiencia y estabilidad del sistema de protección en la vejez. En cuanto a la seguridad ciudadana, el aumento del gasto recibe el apoyo del 70,5 % (2.678), predominando la opción más (46,6 %; 1.771), combinada con un porcentaje relevante de quienes consideran adecuado el nivel actual (25,7 %; 975), lo que apunta a una valoración moderadamente positiva del servicio. La protección del medio ambiente, por su parte, alcanza un 73,3 % (2.783) de respaldo al aumento del gasto, aunque con una mayor dispersión de respuestas.

Otros ámbitos relevantes, aunque con menor intensidad, son el seguro de desempleo y la promoción del arte y la cultura, donde las preferencias se distribuyen de forma más equilibrada entre el aumento del gasto y su mantenimiento. En el caso del seguro de desempleo, un 57,4 % (2.152) apoya el incremento de los recursos, mientras que un 30,3 % (1.135) considera suficiente el nivel actual. En la promoción del arte y la cultura, el apoyo al aumento del gasto se sitúa en el 51,9 % (1.979), acompañado de un elevado porcentaje de respuestas favorables al mantenimiento (34,3 %; 1.306), lo que refleja una menor prioridad relativa respecto a otros servicios públicos.

En último lugar se aborda la valoración sobre los gastos en las Fuerzas Armadas y la Defensa, siendo este el ámbito con menor consenso en favor del aumento del gasto público. Solo un 40,9 % (1.541) de las respuestas válidas apoya incrementar el presupuesto, mientras que un 34,6 % (1.305) considera adecuado el nivel actual y un 24,5 % se inclina por su reducción (menos y mucho menos; 928). Este patrón sugiere que la defensa ocupa una posición claramente secundaria en la jerarquía de prioridades ciudadanas, en comparación con otras políticas.

| Discusión y conclusiones |

Los resultados del estudio permiten contrastar la concepción teórica del Estado del Bienestar con la experiencia percibida por la ciudadanía española en la actualidad en el marco del cuarto modelo de EB o mediterráneo. En primer lugar, cabe resaltar que la opinión pública parece reconocer y valorar los pilares fundamentales de este sistema (pensiones, educación y salud). En este sentido, la educación y la salud son los derechos que se perciben con mayor garantía para todas las personas. Esta pauta es consistente con la idea de que, incluso en contextos de tensiones económicas y transformaciones sociales, la ciudadanía tiende a preservar una noción esencialista del bienestar, asociada a servicios de vocación universal y altamente visibles. No obstante, este respaldo coexiste con una percepción notable de una asimetría, lo que contribuye a erosionar la legitimidad del sistema. Quienes perciben esta diferencia señalan principalmente a los ingresos y, de forma especialmente destacada, a los factores territoriales (CC. AA. y barrio o municipio) como sus principales causas. De este modo, se advierte que la ciudadanía no solo evalúa el Estado del Bienestar por lo que ofrece, sino por cómo estos servicios se aplican y a quién llegan, reforzando la centralidad de la garantía en los procedimientos de acceso y de la equidad territorial como dimensiones de legitimidad. Este patrón se confirma al observar aquellos derechos sociales peor valorados, como es el caso del acceso a la vivienda que, a pesar de no ser un derecho fundamental sino inmaterial recogido por la Constitución Española en su Artículo 47, aparece como el que obtiene una menor percepción de garantía. Igualmente, un porcentaje relevante de la población considera que este no está garantizado para nadie. De este modo, la ineficacia percibida de las medidas encaminadas a su consecución opera como un punto crítico de desafección.

Por lo anteriormente recogido, a modo de conclusión, cabe destacar que la principal aportación de este trabajo consiste en identificar que la legitimidad del Estado del Bienestar en España no se explica únicamente por el nivel de apoyo ciudadano, sino por una brecha estructural entre dicho apoyo y la confianza en su funcionamiento. A partir de un enfoque multidimensional y de evidencia empírica reciente, se muestra de forma novedosa que el respaldo a los pilares del sistema coexiste con una percepción extendida de asimetría, la ineficacia y falta de justicia fiscal, situando la dimensión coste-beneficio como un elemento clave en los procesos de erosión del sistema. De este modo, se reformula el diagnóstico clásico: el principal riesgo no es la pérdida de apoyo, sino la desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar derechos y transformar recursos en servicios públicos efectivos y de calidad. Así, el principal riesgo no es la pérdida de apoyos al Estado del Bienestar en España, sino la pérdida de confianza en su funcionamiento, en particular, en su capacidad para recaudar de forma justa y transformar estos recursos en servicios eficientes, accesibles y de calidad. Dicha merma de apoyo puede estar condicionada por un descrédito institucional, lo que es tendencia en un contexto más amplio de percepciones sobre democracia y confianza, especialmente en los países occidentales.

Este trabajo abre un abanico de futuras investigaciones sobre la evolución del Estado del Bienestar en España. En ellas se podrían abordar otros aspectos no tratados en este estudio, como la evolución de la percepción de los cambios y actitudes hacia el EB desde principios de siglo XXI. Del mismo modo, sería especialmente relevante vincular este fenómeno con indicadores objetivos de desempeño territorial o la comparación entre diferentes pilares del Estado del Bienestar. Todo ello, con el fin de explicar cómo se percibe el desempeño de las instituciones y las políticas públicas, específicamente en lo referente a la garantía de los derechos y elementos de desafección hacia el sistema.

| Referencias |

Arts, W., & Gelissen, J. (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report. Journal of European Social Policy, 12(2), 137–158. https://doi.org/10.1177/0952872002012002114

Barral-Buceta, B. (2021). Actores, coalicións e implementación nas políticas de eSaúde: Entre a continuidade e a innovación [Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela]. http://hdl.handle.net/10347/27031

Béland, D., Cantillon, B., Hick, R., & Moreira, A. (2021). Social policy in the face of a global pandemic: Policy responses to the COVID-19 crisis. Social Policy & Administration, 55(2), 249–260. https://doi.org/10.1111/spol.12718

Beveridge, W. H. (1942). Social insurance and allied services.

Beveridge, W. H. (2000). Social insurance and allied services. Bulletin of the World Health Organization, 78(6), 847–855. https://iris.who.int/handle/10665/268152

Boletín Oficial del Estado (BOE). (2006). Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE núm. 299). https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39

Boletín Oficial del Estado (BOE). (2019). Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (BOE núm. 57). https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6

Bonoli, G. (1997). Classifying welfare states: A two-dimension approach. Journal of Social Policy, 26(3), 351–372. https://doi.org/10.1017/S0047279497005059

Bourdieu, P. (1998). Capital cultural, escuela y espacio social (2^a). Siglo XXI Editores.

Bourdieu, P. (2011). Las estrategias de reproducción social (1^a). Siglo Veintiuno.

Bremer, B., & Bürgisser, R. (2023). Public opinion on welfare state recalibration in times of austerity: Evidence from survey experiments. Political Science Research and Methods, 11(1), 34–52. https://doi.org/10.1017/psrm.2021.78

Busemeyer, M. R., Goerres, A., & Weschle, S. (2009). Attitudes towards redistributive spending in an era of demographic ageing: The rival pressures from age and income in 14 OECD countries. Journal of European Social Policy, 19(3), 195–212. https://doi.org/10.1177/0958928709104736

Calero, J. (2021). El estado del bienestar español: Valoración y perspectivas de futuro. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8065069.pdf

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). (2024). Actitudes hacia el estado de bienestar (II) (Estudio nº 3487). https://www.cis.es/es/estudios/actitudes-hacia-el-estado-de-bienestar-ii-

Del Pino, E. (2020). Welfare state. En D. Muro & I. Lago Peñas (Eds.), The Oxford handbook of Spanish politics (pp. 526–541). Oxford University Press.

Eikemo, T. A., Bambra, C., Joyce, K., & Dahl, E. (2008). Welfare state regimes and income-related health inequalities: A comparison of 23 European countries. European Journal of Public Health, 18(6), 593–599. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn092

Emmenegger, P., Kvist, J., Marx, P., & Petersen, K. (2015). Three worlds of welfare capitalism: The making of a classic. Journal of European Social Policy, 25(1), 3–13. https://doi.org/10.1177/0958928714556966

Esping-Andersen, G. (1993). Los tres mundos del Estado de bienestar. Alfons el Magnanim.

Esping-Andersen, G. (2002). Why we need a new welfare state. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199256438.001.0001

Esping-Andersen, G., Palier, B., & Hernàndez, P. J. (2009). Los tres grandes retos del estado del bienestar. Ariel.

Ferragina, E. (2022). Welfare state change as a double movement: Four decades of retrenchment and expansion in compensatory and employment-oriented policies across 21 high-income countries. Social Policy & Administration, 56(5), 705–725. https://doi.org/10.1111/spol.12789

Gal, J. (2010). Is there an extended family of Mediterranean welfare states? Journal of European Social Policy, 20(4), 283–300. https://doi.org/10.1177/0958928710374374

Gallardo Fernández, M. del C. (2020). El modelo particular de Estado de Bienestar en España y las nuevas necesidades que hoy lo demandan. Trabajo Social, 22(2), 123–145. https://doi.org/10.15446/ts.v22n2.82030

Garritzmann, J. L., Neimanns, E., & Busemeyer, M. R. (2023). Public opinion towards welfare state reform: The role of political trust and government satisfaction. European Journal of Political Research, 62(1), 197–220. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12501

Greer, I. (2016). Welfare reform, precarity and the re-commodification of labour. Work, Employment & Society, 30(1), 162–173. https://doi.org/10.1177/0950017015572578

Guillén Rodríguez, A. M., González Begega, S., & Luque Balbona, D. (2016). Austeridad y ajustes sociales en el sur de Europa: La fragmentación del modelo de bienestar mediterráneo. Revista Española de Sociología, 25(2), 261–272. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5721444

Hernández-Moreno, J., & Del Pino, E. (2025). Recentralisation in welfare? Measuring and comparing territorial governance change in Spain. EPC: Politics and Space, 0(0), 1–22. https://doi.org/10.1177/23996544251322018

Jæger, M. M. (2006). What makes people support public responsibility for welfare provision: Self-interest or political ideology? A longitudinal approach. Acta Sociologica, 49(3), 321–338. https://doi.org/10.1177/0001699306067718

Kenworthy, L., & McCall, L. (2008). Inequality, public opinion and redistribution. Socio-Economic Review, 6(1), 35–68. https://doi.org/10.1093/ser/mwm006

Kymlicka, W. (2015). Solidarity in diverse societies: Beyond neoliberal multiculturalism and welfare chauvinism. Comparative Migration Studies, 3(1). https://doi.org/10.1186/s40878-015-0017-4

Mackenbach, J. P. (2012). The persistence of health inequalities in modern welfare states: The explanation of a paradox. Social Science and Medicine, 75(4), 761–769. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.02.031

Madero-Cabib, I., Corna, L., & Baumann, I. (2020). Aging in different welfare contexts: A comparative perspective on later-life employment and health. Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences, 75(7), 1515–1526. https://doi.org/10.1093/geronb/gbz037

Ministerio de Igualdad. (2025). Plan Corresponsables: Manual para el diseño, ejecución y justificación de proyectos (2025–2026). https://www.igualdad.gob.es/prioridades/plancorresponsables/

Pavolini, E., León, M., Guillén, A. M., & Ascoli, U. (2015). From austerity to permanent strain: The EU and welfare state reform in Italy and Spain. Comparative European Politics, 13(1), 56–76. https://doi.org/10.1057/cep.2014.41

Polanyi, K. (2017). La gran transformación: Crítica del liberalismo económico. Virus.

Pridham, G. (2016). The new Mediterranean democracies: Regime transition in Spain, Greece and Portugal. Routledge.

Roosma, F., Gelissen, J., & Van Oorschot, W. (2013). The multidimensionality of welfare state attitudes: A European cross-national study. Social Indicators Research, 113(1), 235–255. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0099-4

Van Oorschot, W. (2006). Making the difference in social Europe: Deservingness perceptions among citizens of European welfare states. Journal of European Social Policy, 16(1), 23–42. https://doi.org/10.1177/0958928706059829

Whitehead, M., Dahlgren, G., & Evans, T. (2001). Equity and health sector reforms: Can low-income countries escape the medical poverty trap? The Lancet, 358(9284), 833–836. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05975-X

| Notas biográficas |

Francisco Eduardo Haz-Gómez es Licenciado en Sociología, Universidad de A Coruña (2004), Licenciado en Antropología Social y Cultural, UNED (2009), Graduado en Trabajo Social, UNED (2021) y Doctor internacional en Sociología y Ciencia Política por la Universidad de A Coruña (2016). En la actualidad, es profesor en el Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del equipo Investigación Social y Políticas Públicas (ISOPOLIS) además de investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo de Galicia (IDEGA). Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la investigación social en materias como: metodología de la investigación, exclusión social, sociedad digital, políticas públicas y sociología urbana, entre otras.

Bran Barral-Buceta es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde ejerce como profesor ayudante doctor en el área de Sociología. Forma parte del grupo de investigación ISOPOLIS y del Instituto IDEGA. Ha participado en múltiples proyectos competitivos de investigación nacionales e internacionales. Su investigación se orienta al análisis de la intersección entre tecnología, gobernanza y desigualdad, con especial atención a la eSalud, el eGobierno, la inclusión digital y las políticas de igualdad, habiendo publicado sus resultados en revistas de primer nivel nivel mundial.

Diego Pascual López-Carmona es profesor de Sociología, Doctor por la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (UM) y secretario del Observatorio de la Exclusión Social de la UM (OES). Su investigación se desarrolla en el ámbito de las ciencias sociales, en especial en el estudio de la exclusión social y las desigualdades. Ha participado en proyectos de investigación competitivos y en estudios de carácter aplicado orientados al diagnóstico social y al diseño de herramientas para la intervención, tanto desde la UM como en Entidades del Tercer Sector. Su producción científica incluye publicaciones en revistas especializadas y contribuciones a congresos, centradas en el análisis de la vulnerabilidad social, el sinhogarismo y la exclusión residencial.

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Recibido / Received: 15/05/2026
Aceptado / Accepted: 01/06/2026